Corte de cuentas

Reconociendo la buena fe de los negociadores del gobierno, se reconfirma que en Cuba se trabajó en tres velocidades: despacio, más despacio y parado. Y que, a pesar de tener tanto tiempo disponible, jamás se propició una participación ideológica sensata de las diversas vertientes de la opinión nacional.El gobierno nunca pensó qué podía exigir de las Farc, ni auscultó lo que los guerrilleros estarían dispuestos a ceder en los cinco puntos fundamentales del eventual consenso. El jefe negociador, aunque probo, quedó tendido en la vía pública de su apellido. Dijo del acuerdo que era lo mejor que podía obtenerse. Y no.Todo un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, y curtido abogado en ejercicio, encontró normal que una institución de esta índole, que supo resistir valientemente a la horda del narcotráfico, la guerrilla y los dómines económicos del país, fuera dejada de lado. Permitiendo que se la sustituyera por una entidad ad hoc y con decisiva influencia de extranjeros, que podía pronunciarse alrededor de todo lo imaginable, hacia atrás y hacia adelante, sobre lo fallado o por fallar, sin siquiera insertar el paliativo de la segunda instancia. Lo que hay en el acuerdo, en esa materia, tiene tufillo de paredón judicial. Y contra toda previsión, el basilisco se destinó a ser parte de la Constitución, con rango superior a lo existente y protegido con su carácter de inmodificable. Si este era su último destino, debió cuidarse al menos su redacción, porque si algo caracteriza a una Constitución es su estilo sucinto, diáfano, coordinado. ¿Qué se concertó sobre el desminado? Además de unas prioridades regionales y étnicas en la tarea, nada. ¿Y sobre las víctimas? Nada, a no ser que el Estado debía repararlas, incluyendo en este grupo a la guerrilla con una jugosa remuneración de salarios, comida, vivienda, protección, capital gratuito de trabajo, poder territorial y dejación en este ámbito de sus armas. Sobre la entrega de niños reclutados tampoco se obtuvo un satisfactorio adelanto. En materia de penas, así fueran bajas, para los comprometidos en delitos de lesa humanidad, un mutis por el foro. En cuanto al tráfico de drogas, solo se alcanzó, como gesto de buena voluntad, que fuera asumido por las demás sucursales del movimiento insurgente y delictivo. En dos o tres páginas se habría podido hacer referencia a las tradicionales dolencias que han martirizado a este país y consagrado en forma explícita soluciones inmediatas y a futuro. La seguridad del acuerdo no había por qué buscarla en protocolos, acuerdos, convenciones, pactos y tratados. Bastaba la firma del presidente y sus ministros, y los delegados farianos, incluidos en una ley que para su reforma futura exigiera, por ejemplo, las tres cuartas partes del número integrante de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. La mejor garantía de cumplimiento estaría del lado de la buena fe de los firmantes, la bondad de lo acordado y la pendiente y permanente espada de Damocles en el caso de grave incumplimiento. Muchos sapos, y muchos colombianos que no estaban dispuestos a tragarlos revelaron las urnas. Incluidos los magistrados de las altas cortes, que comienzan a cazarlos tarde.Pensar (como sugirió Santos respondiendo a EFE) en otro plebiscito, si no se logra un nuevo texto verdaderamente satisfactorio, es un salto al abismo que la malla de seguridad del Nobel no soportará. ***Ultimátum. La revolución aplastó a Venezuela. Tan aterrador Maduro, que a veces uno extraña al sátrapa que lo regurgitó.Sigue en Twitter @gusgomez1701