Una nueva doctrina

Es ofensiva la declaración del Ministro de Defensa en la que se refiere a los niños como “máquinas de matar” para justificar los bombardeos a grupos armados irregulares. En una democracia donde funciona el control de la sociedad civil le hubiera costado el cargo en el acto.

No es solo un error en las formas. El lenguaje utilizado tiene consecuencias en el fondo: define la manera en que la Fuerza Pública utiliza su capacidad militar y la medida de lo que es admisible como efectos colaterales. Existe una experiencia previa de las consecuencias nefastas que tiene el lenguaje de los civiles y los excesos en el uso de la fuerza. Los falsos positivos fueron, en gran medida, el producto de la presión desde funcionarios para que se incrementaran las bajas en combate.

Sin embargo, el hecho que sea recurrente que menores de edad mueran en bombardeos no puede interpretarse de manera simplista y conducir a políticas que llevarían a una mayor victimización de los menores de edad y a un deterioro de la seguridad. Si la decisión es simplemente suspender los bombardeos y la ofensiva contra grupos armados irregulares cuando exista la probabilidad de que la fuerza letal del Estado tenga como objetivo a menores de edad, la consecuencia inmediata es que las disidencias, el Eln y las Bacrim van a incrementar el reclutamiento de niños para protegerse del Estado.

Por eso, el lenguaje público del gobierno no puede ser el de renunciar a los bombardeos. Tampoco puede desentenderse del respaldo político a la Fuerza Pública. Sería cómodo para los civiles descargar todas las responsabilidades del caso en los militares que ejecutaron la operación, pero a partir de entonces la Fuerza Pública perdería toda iniciativa contra los actores armados del postconflicto y desconfiaría de los civiles.
Las alternativas en comunicación y en políticas de defensa son, en realidad, más complejas. Para este gobierno, y muy probablemente para el próximo porque de aquí al 2022 no se avizoran cambios al respecto, el gran problema en materia de seguridad es la elaboración de una nueva doctrina de defensa, que se ajuste a los cambios acontecidos con el éxito militar de la década del 2000 y la desmovilización de las Farc.

Es cierto que la paz no se alcanzó luego de la firma de los acuerdos de La Habana, pero la guerra que quedó es muy distinta a la de hace dos décadas y media que trazó la doctrina de las Fuerzas Armadas. Ahora se trata de adecuar las Fuerzas Armadas para neutralizar ejércitos que no están interesados en la acumulación de fuerza para llevar a cabo una revolución nacional. Su objetivo es el control del territorio y la población de regiones periféricas para explotar economías criminales. Por consiguiente su capacidad militar es mucho menos intensiva que la de las Farc pero su difusión a lo largo del territorio puede ser más extensiva. A través de redes y el control de transacciones informales y criminales y de comunidades marginales pueden llegar incluso hasta las grandes ciudades.

En ese orden de ideas se requiere un liderazgo civil para el diseño de una nueva doctrina orientada a la neutralización de grupos, que si bien tienen cada vez más un carácter criminal, ejercen como reguladores de amplios sectores sociales y tienen repercusiones muy fuertes en la violencia contra la población, desde el reclutamiento de menores hasta el asesinato de líderes sociales.
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