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Un reportaje

A veces es necesario un símbolo para desatar la atención de la opinión pública sobre las prácticas de sus dirigentes. Eso es lo poderoso del escándalo de Odebrecht, por ser una multinacional que confiesa ante un tribunal de EE.UU.

18 de marzo de 2017 Por: Gustavo Duncan

A veces es necesario un símbolo para desatar la atención de la opinión pública sobre las prácticas de sus dirigentes. Eso es lo poderoso del escándalo de Odebrecht, por ser una multinacional que confiesa ante un tribunal de EE.UU. que pagó sobornos a los gobernantes del todo el continente para hacerse a contratos billonarios, es muy fácil de activar un sentimiento generalizado de indignación. No se necesita de explicaciones muy sofisticadas para que la sociedad se concientice de la gravedad de la situación.

Sin embargo, hay trabajos periodísticos que revelan situaciones mucho más graves y no reciben igual atención porque no cuentan con ese elemento simbólico que centre la atención de la sociedad. Quizá porque la opinión se acostumbró a prácticas de sus dirigentes que, aunque contrarias a la ética pública, son parte del día a día de la política, o quizá porque no es tan fácil explicar por qué son tan graves los hechos denunciados, el caso es que la noticia pasa desapercibida.

Recientemente eso paso con el reportaje La plata que se movió alrededor de la campaña Santos 2014 de Laura Ardila y Juanita León en La Silla Vacía. Es una investigación sobre la estrategia de Juan Manuel Santos en 2014 para evitar que Óscar Iván Zuluaga impidiera su reelección. El reportaje es escalofriante. Revela cómo Santos tuvo que recurrir al apoyo de la clase política más clientelista. La base de la negociación era el precio de cada voto y la fórmula para financiarlos era el pago por contratistas del Estado.

El candidato a la vicepresidencia Vargas Lleras, por ejemplo, se reunió con varios políticos de la U en Cartagena, quienes “se comprometen a poner entre todos 300 mil votos en Bolívar para Santos y tasan el voto a 10 mil pesos”. El problema era que se necesitaban 3.000 millones de pesos para pagar los votos. Entonces Vargas Lleras ofrece 1.500 millones de la campaña y se recurren a dos contratistas y a un alcalde para conseguir el resto.

Los casos que recopila el reportaje siguen la misma dinámica: un presidente en la cuerda floja para reelegirse que está dispuesto a asumir compromisos con el presupuesto futuro, una clase política regional que necesita del presupuesto público para mantener en funcionamiento sus clientelas y unos contratistas del Estado que financian la necesidad del presidente de disponer los votos de estas clientelas. Si a eso se le suma el escándalo de Odebrecht se tiene una dirigencia en Bogotá igual de voraz que los políticos, los contratistas y las clientelas regionales, pero con un control muy superior sobre la distribución del presupuesto del Estado.

Así las cosas, los topes para la financiación de las campañas establecidos por la ley en la práctica quedan en letra muerta. El reportaje demuestra que sólo la campaña en Bolívar se devoró “la tercera parte de lo que reportó para la etapa final de la contienda”. Difícil creer que el gasto real no superó varias veces lo reportado.

Hasta hace no mucho tiempo una creencia generalizada sobre la democracia en Colombia era que en las elecciones presidenciales el voto de opinión era tan importante que el clientelismo no afectaba los resultados. Ahora toca aterrizar a una nueva realidad, sí importa y es necesario apelar a la corrupción para ganar, tal como lo demuestra el reportaje. Y lo que es peor, existe un sector de la dirigencia nacional metido de cabeza en ese juego para enriquecerse.

Sigue en Twitter @gusduncan