Tregua de papel

Noviembre 24, 2012 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Entre las grandes diferencias que rodearon el proceso de paz con los paramilitares y el actual proceso con las guerrillas existe una en particular que marca las alternativas estratégicas del Gobierno. Es la situación político militar del adversario.A mediados de la década pasada los paramilitares eran el poder dominante en extensas regiones del país. Las relaciones económicas giraban en torno a su regulación, la política se hacía bajo su autorización y el orden social se configuraba alrededor de la organización de la violencia, la producción de drogas y la captura de rentas públicas. Las propias instituciones democráticas eran utilizadas para mantener este orden de las cosas por fuera de la intervención del Estado. Ese era el sentido de la parapolítica.Para el Estado el objetivo estratégico en la negociación era desmontar un orden político y social que se salía del control de sus instituciones. Por eso desde muchos sectores se insistía en la necesidad de cambios estructurales en la sociedad como parte del proceso. La desmovilización de los grandes ejércitos privados era sólo una parte de estos cambios.En el caso de la guerrilla se trata de la negociación con una fuerza político militar en declive. La ofensiva de Uribe los replegó hasta el fondo de las áreas de colonización. A excepción de las comunidades coqueras y las zonas de minería ilegal la capacidad de la guerrilla de imponer órdenes sociales y políticos opuestos a las instituciones del Estado es nula. Más aún, la sintonización de la población bajo su dominio con sus premisas ideológicas es tan pobre que lo más probable es que del vacío de poder que deje una eventual desmovilización surjan Bacrím idénticas a las que dejó la desmovilización paramilitar.En consecuencia, para el Estado no tiene mayor sentido discutir cambios estructurales del orden político y social con las Farc. De hecho, el interés de las Farc por ampliar los temas de la mesa de negociación obedece a la necesidad de disponer de una vitrina política de la que no disponen ni por sus medios militares ni por su capacidad de representación de la sociedad.Poner sobre la mesa la negociación temas estructurales distintos a los cinco puntos acordados sería entonces conceder a la guerrilla un poder que en la práctica no dispone ni merece. Por eso el tema de la tregua que propone unilateralmente las Farc tiene más de trampa para el Estado que de muestra de buena voluntad. Si el Estado acepta entraría a discutir un tema adicional a lo acordado en la agenda. En vez de adelantar el proceso pactado tendría ahora que discutir los términos de vigilancia y control, zonas vedadas, objetivos legítimos, etc. Se convertiría en un despeje solapado. Además si a alguna parte le conviene parar la confrontación es a las Farc que está en desventaja militar. Pero si el Estado no acepta queda como la parte belicista, como aquel que antepone la salida militar a la salida negociada.Mi sugerencia es que el Estado le doble la apuesta a las Farc. Le proponga no una tregua temporal sino de largo plazo en que el tema de la dejación de armas sea un paso previo para discutir los restantes cuatro puntos de la agenda. Así no sería una tregua temporal durante unos pocos meses sino hasta que acabe el proceso. Por supuesto las Farc no van a aceptar semejante condición pero al menos su tregua de papel va a quedar desnuda ante la opinión.

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