El pais
SUSCRÍBETE

Inicio

Artículo

Tierra y dinero

Resolver la desigualdad de la propiedad rural es un imperativo del proyecto de país pero no es una solución para el clientelismo y la corrupción. Ya es muy tarde.

24 de noviembre de 2017 Por: Gustavo Duncan

En uno de los debates del programa Semana en Vivo se trató el tema de los recientes escándalos de corrupción y sus efectos en la próxima campaña. Estaban invitados varios posibles candidatos: Holmes, Petro y Claudia López.

En determinado momento el debate se centró en la desigualdad, en especial en la distribución tan desigual de la tierra, y los dos principales vicios del sistema político colombiano: el clientelismo y la corrupción. Petro mencionó el libro clásico de Guillén El poder político en Colombia que habla sobre el legado de la hacienda en la definición de las costumbres políticas del país. López, por su parte, hizo hincapié en la relación probada en las ciencias sociales entre desigualdad de la tierra y formación de regímenes clientelistas y corruptos, donde el capitalismo se funda más en el poder político que en la competitividad de los mercados.

Es cierto que la estructura de la propiedad agraria tuvo enormes repercusiones en la estructura del poder político. Sin embargo, lo que muy seguramente fue la causa de un fenómeno social ya no explica su continuidad. En otras palabras, no hay que esperar que si se hace una reforma agraria se acabe la corrupción y el clientelismo. Desde hace mucho rato son fenómenos con vida propia.

La tierra poco define al día de hoy los resultados de las campañas políticas. La gente no vota porque le dan acceso a un pedazo de tierra ni porque el prestigio y los servicios que provee un patrón latifundista sean un factor disuasorio. Es el dinero en su estado puro lo que define las elecciones. El pago del día de las elecciones, los subsidios para acceder a servicios o ingresos básicos, un puesto de trabajo en una administración pública o en un proyecto financiado por el Estado, etc., son los factores que determinan que la gente vote por este o por aquel político.

Y es el Estado mismo el medio principal para acceder a los recursos que definen las votaciones. La capacidad de incidir sobre la destinación del presupuesto público es lo que permite a la clase política disponer del dinero que cautiva a los votantes. Por supuesto, gran parte de ese dinero es capturado mediante procedimientos ilegales.

Las modalidades de captura son de las más variadas. La más cándida consiste en la entrega preferencial de subsidios estatales a las clientelas que voten, o se comprometan a votar, por un político determinado que, tras bambalinas o de frente, es quien define su asignación. La más sofisticada consiste en la financiación de las campañas por terceros o por los propios políticos para luego recuperar el dinero a través de la asignación de contratos sin ningún tipo de consideración por las condiciones de costos del mercado. Es una modalidad que cada vez gana más peso, la contratación pública acaba de superar el 13% del PIB.

La tierra, por el contrario, es relativamente poco lo que puede generar en términos de dinero para definir una elección. Habría que venderla para disponer de recursos capaces de competir con lo que ofrece el presupuesto estatal. La evidencia sugeriría, más bien, que la tierra ahora es efecto: un sector de la clase política acumula capital de la captura de recursos públicos y lo invierte en tierras, agudizando su concentración.

Resolver la desigualdad de la propiedad rural es un imperativo del proyecto de país pero no es una solución para el clientelismo y la corrupción. Ya es muy tarde.

Sigue en Twitter @gusduncan