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La nueva realidad política indica que las Farc van a ingresar, de alguna manera u otra, en la política institucionalizada del país. Lo que aún está por definirse son las condiciones en que las Farc podrán incursionar en la vida política.

25 de agosto de 2017 Por: Gustavo Duncan

La nueva realidad política indica que las Farc van a ingresar, de alguna manera u otra, en la política institucionalizada del país. Lo que aún está por definirse son las condiciones en que las Farc podrán incursionar en la vida política.

En principio, estas condiciones deberían estar dadas por los Acuerdos de Paz. Sin embargo, pese a la minuciosidad con que estos se redactaron aún existe mucho margen de maniobra para definir cómo será efectivamente su implementación. Muchos temas se decidirán a raíz de normativas que son materia de discusión en el Congreso y de la forma cómo el Ejecutivo implemente los compromisos. Ya hay quejas en ese sentido de la dirigencia de las Farc acerca del trámite de la reforma política.

Del mismo modo, los resultados de la Justicia transicional van a definir mucho del futuro de las Farc en política. Las responsabilidades y las penas que asigne la JEP tendrán un efecto importante en las condiciones para hacer política. No desde el punto de vista de eventuales inhabilidades que se desprendan de los juicios, pues los Acuerdos estipulan que las penas no deben afectar la participación sino del efecto que tendrán entre los votantes el reconocimiento o no de los excesos cometidos y el hecho que eventualmente asuman las culpas y reparen a sus víctimas.

Sin embargo, las variaciones por las causas anteriores no suponen mayor preocupación para la consolidación del Proceso de Paz. Son circunstancias normales por las que los antiguos guerrilleros deberán atravesar para ser aceptados como legítimos contradictores políticos.
La cosa se complica es por otra circunstancia. Las condiciones de participación en política pueden variar sustancialmente si en el 2018 llegan al poder sectores que desconozcan los Acuerdos. Y existe además un argumento muy fuerte para dicho desconocimiento: el triunfo del No en el plebiscito. De hecho, la legitimidad de los Acuerdos de seguro va a ser el tema de campaña en el 2018, tanto para las presidenciales como para las legislativas.

El incumplimiento, sobre todo un incumplimiento extremo que desconozca cualquier base de participación política y de garantías judiciales a las Farc, será nefasto para la democracia colombiana. En adelante, las elecciones se convertirán en un terreno de batalla para imponer las reglas juego. Quien pierda tendrá que someterse a las arbitrariedades que pueda cometer el grupo político ganador y viceversa.

Por eso es muy importante que las Farc aprendan las formas y los modos de la democracia. Es la base mínima para evitar que sectores radicales, aquellos que quieren hacer “trizas” los Acuerdos, legitimen su posición entre el electorado para el 2018.

Haber entregado una lista de los bienes con escobas, traperos, cirugías de pene y nariz, etc., es de una torpeza insuperable. Así hayan entregado cientos de miles de millones en bienes y dinero, ese detalle lanza un mensaje equivocado. No es el gesto gracioso que se imagina la dirigencia de las Farc para reclamar que no fue un ejército con fines de lucro, sino un insulto a las víctimas. Quieren decir que la plata para reparación se gastó en traperos y cirugías de pene.

Con semejantes mensajes, ¿cómo podrán convencer al electorado los sectores políticos que están preocupados por hacer cumplir los Acuerdos? Al menos las Farc, por su propia conveniencia, deberían preocuparse por hacerles la tarea más fácil.

Sigue en Twitter @gusduncan