Si el Estado no…

Gran parte de las elites regionales respaldó el surgimiento del paramilitarismo con el argumento de que si el Estado no los protegía tenían el derecho a defender su vida y propiedad. Aunque al día de hoy casi nadie apoyaría esta decisión, en su momento fue quizá la única opción de numerosos sectores sociales ante el apremio de la expansión de la guerrilla. No fue además un proceso silencioso. Existieron numerosas voces que advirtieron lo que estaba ocurriendo. Tanto las elites regionales de todo tipo -emergentes y tradicionales- como la izquierda -armada y desarmada- tuvieron acceso a distintos medios para plantear sus posiciones. No fue por falta de información que la sociedad y el Estado no intervinieron para evitar el paramilitarismo.En contraste, el derecho de la defensa propia que tanto despliegue mediático tuvo, otra forma de reclamación social ha recibido poca atención en cuanto a sus efectos perversos en la institucionalidad y la criminalidad. Muchos sectores populares han encontrado en mercados informales e ilegales una forma de inclusión en el consumo de masas. Aunque ni filosófica ni jurídicamente el acceso al consumo de masas es un derecho, en la práctica grandes capas de la población lo perciben como tal. Al punto que legitiman el contrabando, el lavado, la piratería y la evasión como el único medio para acceder a objetos de consumo que de otra manera estarían por fuera de sus niveles de ingresos.El argumento al final de cuentas es muy similar al del paramilitarismo: si el Estado no nos garantiza un trabajo formal para acceder al mercado legal nosotros nos procuraremos el consumo por otros medios. Y si bien el derecho a consumir objetos que no son de subsistencia puede parecer trivial ante el derecho a la vida y a la propiedad, basta imaginar su privación para comprender lo que está en juego. No tener acceso a electrodomésticos, internet, celulares, películas, ropa de moda y demás mercancías de uso masivo es quedar postrado ante cualquier posibilidad de socializar en el mundo actual. No es de extrañar entonces que la resistencia a renunciar al consumo sea la mayor base de legitimidad de los mercados informales e ilegales.Los medios han abordado el tema sólo desde la perspectiva socioeconómica pero han dejado por fuera sus efectos políticos. Alejandro Gaviria, por ejemplo, ha caricaturizado el tema argumentando que muy pocos colombianos matan por un par de tenis. Tiene razón en el sentido en que el consumo no hace que los individuos se vuelvan narcotraficantes. También es cierto que los mercados informales son un fenómeno masivo en muchos países sin problemas de drogas. Sin embargo, eso no es lo sustantivo luego que el narcotráfico se instala en la sociedad.Sin el capital, la violencia y la corrupción de las mafias estos mercados no tendrían las actuales dimensiones. ¿Cuánto capital moverían los sanandresitos sin el lavado? ¿Podrían traer tanta mercancía sin sobornar a las autoridades y a la clase política? Pero las mafias dependen de la existencia de un volumen significativo de clientes que mantengan en funcionamiento estos mercados. Los compradores que dependen de los mercados informales no son delincuentes pero cuando reclaman su “justo derecho a consumir” son actores definitivos. Sin sus compras y sus votos la mafia como la conocemos hoy sería muy distinta. Y es casi seguro que la política también.