Sería ingenuo

Desde hace rato los analistas y formadores de opinión vienen señalando que, ahora que el país entra en una fase de postconflicto, el principal problema es la corrupción. Han señalado, además, que es un problema que se centra en las exigencias de la clase política, principalmente aquella de regiones atrasadas, al Ejecutivo nacional para permitir que el Presidente pueda sacar adelante su agenda de gobierno en el Congreso y obtener los votos necesarios para consolidar el poder de la coalición política que lo respalda.

Los escándalos de corrupción son presentados, a veces de manera inconsciente, como el producto de una negociación en que el ejecutivo se ve sometido a las exigencias de la clase política para poder gobernar. Por lo general, se trata de entrega de contratos a firmas comprometidas con políticos cuestionables, de la burocracia de importantes agencias de gobierno o de partidas presupuestales con nombre propio.

Es simplemente el precio, o si se quiere el peaje, que el Presidente debe pagar para que lo dejen gobernar. La imagen que queda es que es una víctima de las circunstancias más que un actor central y, sobre todo, un potencial beneficiario de un sistema político que garantiza el enriquecimiento de su clase dirigente.

De hecho, una leve indagación sobre los escándalos de corrupción muestra que no son raros los casos en que los principales beneficiarios del desfalco son personajes cercanos al propio presidente cuyo nombramiento o influencia en el gobierno no responde a alguna exigencia de la clase política. Más aún, el propósito de la operación era enriquecerse, no garantizar o ampliar la gobernabilidad del Ejecutivo nacional.

El caso de Roberto Prieto tiene mucho que decir sobre cómo personajes cercanos al Presidente aprovechan su cercanía al gobierno para enriquecerse. Hasta ahora lo que se sabe de Prieto es que funcionó como el gran intermediario para garantizar los giros de Odebrecht a la campaña de Santos a cambio de la firma de jugosos contratos de obras públicas. Pero también se sabe que la firma de medios de su familia, Marketmedios, recibió contratos por decenas de miles de millones de pesos del Gobierno Nacional.

En el caso de Odebrecht puede argumentarse que él solo funcionó como el mediador para obtener los votos necesarios para asegurar el triunfo de Santos en 2014 pero en el caso de Marketmedios la única explicación es el beneficio propio. La sola comparación entre los contratos recibidos durante el gobierno de Uribe y el incremento experimentado durante el gobierno de Santos es vergonzosa. Igual de vergonzosa es la protección recibida desde la Fiscalía. El caso de Prieto va a un ritmo sospechosamente lento, al igual que el de las exministras Parodi y Álvarez, que se enriquecieron gracias a decisiones relacionadas con la contratación pública sin que involucrara necesariamente la necesidad de ganar gobernabilidad.

El fenómeno va más allá de Santos. Casos como el de Arias durante el gobierno de Uribe, el sastre de palacio en el gobierno Pastrana, la plata del Cartel de Cali a Samper y Botero, etc., muestran que el círculo inmediato de los presidentes también se enriquece con la corrupción.

Es una cuestión apenas obvia. Sería ingenuo pensar que el poder del Ejecutivo nacional es tan débil y tan solo se presta para una inevitable transacción de gobernabilidad. De seguro también se enriquecen con la corrupción.

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