Santoyo

El pedido de extradición del general Santoyo le recordó muchas cosas a un país que se había acostumbrado a creer en la mejoría de la seguridad como un cuento de hadas. Es cierto que la capacidad de imponer el monopolio de la fuerza a lo largo del territorio se incrementó de modo impresionante en la última década, pero aún falta demasiado para que las instituciones estatales no respondan a intereses privados y en muchos casos a intereses criminales. Si las denuncias de corrupción al principio del gobierno de Santos mostraron cómo políticos y empresarios usaban lo público como material de rentas privadas, lo de Santoyo muestra que el narcotráfico continúa vigente gracias a la protección que brindan los propios agentes del Estado.No es para sorprenderse. Los únicos que creían, o más bien que querían hacer creer, que el narcotráfico se había debilitado por la ofensiva contra las Farc y la entrega de los paramilitares era el Gobierno. Hay un axioma cuando el narcotráfico es un problema extendido: sólo es posible que el negocio prospere si existe suficiente protección de las instituciones estatales. Colombia es un caso típico, basta recordar el proceso 8000, la parapolítica y ahora la Policía.Sin embargo, los escándalos no producen en la sociedad una reflexión serena y profunda sobre los efectos del narcotráfico en sus instituciones y sobre cómo atenuar sus potenciales daños. Su uso es estrictamente político. Quienes están en la oposición aprovechan la situación para debilitar al Gobierno. Así sucedió con el proceso 8000 y la parapolítica. Incluso a raíz del escándalo del ‘cartel de los soles’ en Venezuela sobraron los analistas de derecha que explicaban la dificultad de acabar con el narcotráfico por la corrupción de los militares vecinos. No fue casual que el Gobierno de EE.UU. hubiera clasificado el indictment contra Santoyo como secreto por el potencial daño que sufrirían las relaciones con Colombia. ¿Qué dirán ahora estos analistas?Pero existe una diferencia básica con el proceso 8000 y la parapolítica que perfila los efectos políticos del caso Santoyo. Los casos anteriores afectaban al Gobierno y se convertían en un medio de lucha para la oposición. En el caso actual el más perjudicado es el presidente Uribe quien es la oposición de facto. Hacia él se dirigirán el grueso de los ataques con toda razón. La evidencia es abundante acerca de la protección que ofreció a Santoyo.Paradójicamente el Gobierno no va a encontrar conveniente irse lanza en ristre contra Uribe. No por razones humanitarias ni por la gratitud de Santos. En política nadie es un Santos, mucho menos él. Sino porque podría devolverse en su contra. Por un lado, Santos fue ministro de Defensa durante los hechos. Por otro lado, una respuesta demasiado dura a Uribe podría debilitar a una institución como la Policía que es vital para su mandato. No será extraño que el Gobierno termine defendiendo a Uribe para salvar a la Policía del escándalo.Quienes sí podrán utilizar el escándalo es la oposición de la oposición, es decir la izquierda de todo tipo: legal e ilegal, radical y moderada. El balón está en su cancha. Esperemos a ver si son capaces de realizar un debate constructivo sobre la corrupción de las instituciones por el narcotráfico o si simplemente van a aprovechar la oportunidad para castigar a su viejo enemigo, Uribe.