Robledo

Desde hace rato la política colombiana viene haciendo uso de la Justicia como un mecanismo de definición de la representación en los cargos del Estado. Al margen de si los políticos investigados son inocentes o no, o si merecen o no ser sacados de la competencia política por sus comportamientos, lo cierto es que la rama judicial se presta para que sectores de la clase política saquen del camino a sus oponentes.

En su momento el uribismo se quejó de la persecución de la corte suprema y de la justicia en general en su contra. Varios de los ministros de Uribe acabaron tras las rejas, como Diego Palacios y Sabas Pretelt. Pero quizá sea el caso de Andrés Felipe Arias el más significativo en términos del uso de la justicia para neutralizar las aspiraciones de representación política. Era, entre los jóvenes uribistas, quien con mayor proyección se presentaba para futuras elecciones.

La acusación en su contra, la de Agro Ingreso Seguro, ha sido una práctica corriente en la política colombiana. No era el único y de seguro había candidatos que recibieron más dinero de firmas que se beneficiaron y/o esperaban beneficiarse con recursos y decisiones del estado. Actualmente hay indicios que vinculan a Arias con dineros de Odebrecht, pero al mismo tiempo llama la atención que la justicia, en particular la Fiscalía, haya sido tan elusiva para investigar otros sospechosos.

Ni más ni menos que el expresidente Santos pareciera estar bastante comprometido con Odebrecht sin que su proceso avance. Es claro el interés de no dejar que la justicia vaya más allá de Roberto Prieto, quien ya cayó en el olvido. Eso eventualmente no hace menos culpable a Arias pero sí muestra que la justicia tiene una manifiesta inclinación política dependiendo de la influencia del investigado en cuestión.

Muchos en la oposición de izquierda celebraron que un sector de la justicia enfilara su poder contra el uribismo bajo la lógica que, igual qué importaba, si a final de cuentas se daba por descontado su culpabilidad. No reparaban en lo peligroso que es para la democracia que la justicia se politice. Solo ahora cuando es también evidente que la justicia está ensañada con ellos es que son conscientes de la caja de pandora que se está destapando.

Primero fue Petro. Las autoridades electorales y judiciales han buscado por todos los medios sacarlo de la competencia política a través de tecnicismos que si se aplicaran con la misma severidad dejarían por fuera de competencia a casi toda la clase política. Luego fue Mockus, de quien muy difícilmente pueda decirse que ha utilizado la política para enriquecerse. Pero desde el punto de vista estrictamente legal cometió un error que seguramente lo han cometido de manera aleve y con pretensiones pecuniarias muchos otros que nunca son investigados.

Ahora es Ángela Robledo por doble militancia. A uno puede parecerle ofensivo la manera como ella ha tratado a las víctimas de las Farc, pero en un país donde el sistema de partidos implosionó de la forma como lo hizo tiene mucho de mala leche inhabilitarla con semejante argumento. ¿En cuántos partidos no han militado al menos un par de expresidentes y ni qué decir muchos otros alcaldes y congresistas? El direccionamiento de la justicia es más que evidente.

Nunca votaría por Petro o por Robledo, pero representan sectores de
la sociedad que tienen todo el derecho a participar en la contienda democrática.

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