Proporciones

Enero 09, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Entre los tantos anuncios de la Fiscalía para congraciarse con la opinión está el de abrir 1500 investigaciones a particulares presuntamente colaboradores de las Farc. El anuncio es positivo siempre y cuando no sea utilizado para desatar toda una dinámica de revanchismo judicial sino que, por el contrario, sea utilizado para concientizar a la izquierda sobre el sentido de las proporciones que hay que tener en cuenta a la hora de pedir justicia.En el momento que la izquierda, sobre todo la izquierda radical que aspira a que la justicia transicional sea un medio de venganza y aniquilamiento de los contradictores ideológicos, se encuentre con que ellos también pueden ser víctimas de este revanchismo será posible llegar a acuerdos sobre la justicia en el postconflicto. En la práctica las partes civiles se verán obligadas a negociar criterios coherentes y sensatos para juzgar sus actuaciones e imponer responsabilidades y penas.El mayor logro de un acuerdo de este tipo es que puede contribuir a evitar una doble victimización de los civiles dado que la mayoría de ellos fueron obligados a participar en el conflicto y no obtuvieron ningún beneficio distinto a preservar su vida y la de sus familiares. Quienes pagaron vacunas y gramaje, dieron información sobre enemigos y colaboradores, votaron por candidatos de las guerrillas y de paramilitares, entre tantos tipos de acciones, fueron principalmente víctimas de las circunstancias, no perpetradores.El otro gran logro que podría tener traer a los colaboradores de las Farc a la justicia es que habría reciprocidad a la hora de juzgar las responsabilidades políticas de la izquierda. Hasta ahora el país solo ha podido conocer los vínculos de la clase política con los paramilitares pero muy poco sobre los vínculos con la guerrilla. De hecho, no haber pasado por el juicio de la opinión es lo que en gran parte explica que muchos sectores de la izquierda radical todavía justifiquen el uso de las armas y no sientan que sus colectividades políticas tengan que rendir cuentas.El mejor ejemplo son los debates de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe. Su principal estrategia ha sido denunciar el entorno de Uribe, es decir las relaciones con el paramilitarismo de sus aliados y subalternos en la política. Ciertamente Cepeda ha logrado generar grandes cuestionamientos a Uribe, pero sí hubiera un mínimo de reciprocidad también habría que cuestionarlo a él. Una simple aplicación de sus argumentos llegaría a conclusiones similares, incluso más escandalosas.Así como Cepeda cuestiona al padre de Uribe por sus vínculos con Escobar mediante fotos y testimonios, igual puede hacerse con su padre. ¿Qué más prueba que una columna de las Farc se llame Manuel Cepeda? Las colectividades políticas que respaldan a Cepeda también huelen a Farc. Uno de los analistas de izquierda que destapó el escándalo de la parapolítica dijo en un foro que la Marcha Patriótica no es que sea cercana a las Farc, “¡es que son las Farc!”. Si eso no fuera poco está la forma en que Cepeda pide al congreso que no se discuta el referendo hasta que las Farc lo acepten en La Habana.Pero no se trata de juzgar a Cepeda como un perpetrador de las Farc, porque en verdad no lo es, sino de resaltar la necesidad de considerar un mínimo sentido de las proporciones a la hora de juzgar a los civiles y evitar que el conflicto se perpetúe por los medios judiciales.

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