Peor imposible

Peor imposible

Noviembre 03, 2012 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

No se entiende cómo el mismo presidente Santos que tan audazmente clama por considerar la legalización de la droga, se empecina en criminalizar mercancías que son legales. Si alguna lección nos ha enseñado la guerra contra las drogas es que el problema no es la actividad económica en sí sino su regulación por organizaciones armadas distintas al Estado. Y si ha existido una regulación alterna por guerrillas, paramilitares y mafias es porque el Estado no puede regular la producción de drogas por ser mercancías ilegales.Lo peor de todo es que al ser el narcotráfico una actividad económica importante para muchas comunidades y sectores sociales, la regulación de un asunto criminal se extendió a la sociedad en su conjunto. Al final el problema es el esfuerzo y los costos que tienen que asumir el Estado y la sociedad por evitar que ejércitos irregulares asuman el control del orden social en numerosas partes de su territorio. Un esfuerzo y unos costos que no sólo se miden en plata y tiempo sino en sangre y terror.Pues bien, al criminalizar la minería lo que hace el Gobierno es alimentar las condiciones para que todo tipo de ejércitos irregulares asuman el control del orden social en las zonas mineras del país. El Gobierno está confundiendo a la gente que explota las minas de oro con las Bacrim y las guerrillas que explotan a estos mineros. Así ejércitos irregulares y narcotraficantes participen en la organización y financiación de la minería ilegal en Colombia, la carga del trabajo reposa en los centenares de miles de colonos y desarraigados que están dispuestos a irse la as zonas más recónditas de la geografía en busca de fortuna o simplemente en busca de una alternativa de vida.El verdadero problema no es la minería ilegal. Lo que realmente va a sumir al país en una nueva ola de violencia es la incapacidad del Estado de construir las instituciones necesarias para incluir a estos centenares de miles de colombianos. La bonanza del oro es sólo la oportunidad de inclusión en el mercado que ofrece un commodity que disfruta de precios estratosféricos. Pero el precio de la inclusión en el mercado es la agudización de otro tipo de exclusión, la del Estado. La criminalización del oro es en la práctica la renuncia del Estado a incluir dentro de su campo de regulación a esta población.Sin saberlo se está además sentando las bases para un nuevo problema. El potencial de riqueza aurífera es un hecho. Si no lo explota la población nativa y los colonos, lo explotará alguna gran compañía que cuente con los medios tecnológicos y el capital para cumplir todas las demandas regulatorias de la ley. Este es de hecho el tipo de compañía que el Estado quiere involucrar. El resultado obvio será entonces que la persecución a la minería ilegal estará asociada a una división política entre el Estado que defiende a los grandes capitalistas y unos neoparamilitares y unas neoguerrillas que defienden a los excluidos del Estado.Uno puede no sentir mayor simpatía por las Bacrim que explotan la necesidad de los cientos de miles de desarraigados que expanden la frontera habitable de Colombia. Muy seguramente la población tampoco siente mayor simpatía por ellas. Pero cuando es la única alternativa de orden en relación a un Estado que además de no proteger reprime, es fácil adivinar por cual autoridad política van a tomar partido los mineros ilegales de este país.

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