Paro armado

El llamado a un paro armado por el Eln comprueba cómo el aislamiento de su cúpula y su desconexión con la realidad política va a hacer que sea muy complicado, prácticamente imposible, adelantar un proceso de paz.

Cuando acabó la Guerra Fría los fundamentos ideológicos de las guerrillas sufrieron una sacudida tan contundente que se esperaba que las obligara a replantear no solo sus objetivos sino sus métodos de lucha. El mundo le mostraba a las insurgencias colombianas que el ideal de las sociedades comunistas era un sueño frustrado, lleno de privaciones para la población a costa de sus libertades básicas.

Algunos sectores dentro de la insurgencia captaron el mensaje, se desmovilizaron y se reinventaron dentro de la política legal. Otros simplemente rehicieron su vida. No fue fácil, muchos fueron asesinados. Pero con todo y sus problemas, la sociedad logró reinsertar al grueso de los exguerrilleros que se desmovilizaron a principios de los 90 y les dio un espacio en la política nacional. Incluso uno de ellos, Petro, es un serio contendor a la Presidencia.

Fue posible porque los líderes de estas guerrillas entendieron dos facetas de la democracia. La primera es que la democracia, como método de definición del poder y de las decisiones colectivas, puede tolerar posturas radicales. Es legítimo dentro de sus instituciones que se pueda apelar a discursos estrafalarios y utópicos. Incluso resiste propuestas que hayan causado enormes perjuicios en otros tiempos y contextos.

De hecho, al día de hoy, con tal de tener un país en paz, la sociedad estaría en condiciones de ceder una tribuna y a una amnistía a los guerrilleros del Eln para que expusieran sus propuestas políticas, sin importar la naturaleza de su contenido. Un gobernante podría estar dispuesto a darse la pelea de hacer concesiones en ese sentido.

La segunda faceta que entendieron los líderes exguerrilleros es la inutilidad y la inconveniencia de la lucha armada. Luego del fin de la Guerra Fría los medios violentos como medio de acceso al poder quedaron severamente deslegitimados. Una sociedad no resiste que una guerrilla pretenda entablar una negociación sin renunciar a prácticas que hoy en día son inaceptables bajo cualquier circunstancia. Secuestrar, poner bombas, incendiar vehículos, restringir la movilidad de los civiles por la fuerza, etc., no tienen cabida. Y, más allá de si en el poder está Duque o un gobernante de derecha, a un presidente no le queda margen de maniobra para sacar adelante un proceso de paz si se hace sobre la base de una amenaza violenta. Es la peor receta para cocinar una negociación.

Por eso, la decisión del Eln de llamar a un paro armado es incomprensible. Si lo que quieren es escalar la guerra, es una estrategia inocua porque lo que podrían obtener en términos militares es nulo. Y si lo que quieren es obligar al gobierno a sentarse a negociar, lo que van a lograr es todo lo contrario: con un paro armado Duque está obligado en la práctica a rechazar cualquier acercamiento. No es solo la presión del uribismo, es la posición del grueso de la sociedad y de la opinión.

La incapacidad de comprender realidades tan simples muestra que desde el exterior, en Cuba y Venezuela, la jefatura del Eln cada vez se aísla más de la situación política y del conflicto en Colombia. Quizá las posibilidades de diálogos estén más en los mandos en el terreno que en ellos.

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