No son viables

Las recientes denuncias sobre las violaciones a menores cometidas por los altos mandos de las Farc, quienes actualmente son los dirigentes del partido de esa guerrilla en la legalidad, son el presagio de una realidad que más temprano que tarde quienes defienden la JEP que salió de los acuerdos de La Habana van a tener que aceptar. Y es que en las actuales condiciones sus posibilidades de hacer política en primera persona son prácticamente nulas. Simplemente no son viables ante la opinión pública.
No solo eso, su obstinación por hacer política puede llevar a muchos sectores de izquierda, alternativos y de centro a asumir un costo político innecesario. Basta observar cómo una intervención tan brillante, como la de Juanita Goebertus en el derecho a réplica de la oposición, tiene que verse opacada por la presencia en la foto de alguien que está acusado ni más ni menos de violación de niños. Es la forma más injusta e innecesaria de obligar a alguien con una enorme proyección como líder político, quien no tiene ninguna simpatía por las Farc, ni está sintonizada con su ideología, a tener que dar explicaciones a sus potenciales electores.

Es hora que desde la oposición marquen una línea muy clara acerca de quienes llegan hasta defender la JEP y el proceso de paz en general y entre quienes, además, le apuestan a hacer política con los jefes de las Farc sin que antes hayan resuelto no solo su paso por la justicia transicional, sino que hayan realizado un esfuerzo genuino por reconocer el daño causado y reconciliarse con sus víctimas. El asunto va más allá de que las Farc como partido legal tengan posturas radicales en cuanto al sistema de gobierno y de organización de la economía, en todas las bancadas hay tendencias radicales. El problema es que es muy complicado ofrecer un mínimo de coherencia a la opinión pública cuando se hace política con individualidades sobre las que pesan acusaciones tan graves.

Lo de masacres, terrorismo, narcotráfico, secuestro, abortos, etc., se sabía y estaba dentro del presupuesto. Pero ya el reclutamiento masivo de menores de 15 años como medio legítimo para hacer la revolución y, sobre todo, que los propios comandantes abusaran de su posición para tener acceso sexual por la fuerza a ellos, es otra cosa. Además no es una sola denuncia. ¡La mayoría de los líderes han sido acusados de varias violaciones!

De fondo la discusión es la responsabilidad moral que le cabe a la dirigencia de las Farc por haber utilizado para la guerra varias generaciones de niños campesinos y colonos de muchas regiones de Colombia con el pretexto de que la situación de injusticia social ameritaba ese sacrificio. A su vez, qué responsabilidad individual les cabe a los mandos que abusaron de esa situación para acceder sexualmente a los menores de edad. Si antes no resuelven eso, sin importar en que JEP sea, la original o le da las objeciones de Duque, no hay manera que puedan presentarse como interlocutores legítimos en la arena democrática.

Sus propios potenciales aliados en los partidos de la oposición deberían abrirles los ojos y obligarlos a rendir cuentas previamente. Poner distancias que no dejen márgenes de duda ante la opinión. De otro modo, por pura solidaridad de cuerpo con quienes poco la merecen, van a terminar ante la opinión pública como cómplices de aquellos que aspiran a evadir su responsabilidad por hechos atroces.

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