Migrantes

Una de las frases de José Obdulio que más indignación ha causado ha sido la de equiparar a los desplazados con migrantes. Si bien es cierto que la comparación es injusta, sobre todo si se considera la violencia y el despojo asociado al proceso, toca una realidad latente.Me explico: después de varias décadas de expulsión violenta de la población campesina el proceso de urbanización ofrece nuevas alternativas de inclusión bajo la legalidad del Estado. Este nuevo proceso no va a estar exento de traumatismos. Basta ver la imagen de los desplazados en los semáforos de Bogotá para comprender lo doloroso de la situación. Pero al menos la ubicación en las ciudades ofrece unas posibilidades de inclusión incomparables con aquellas de las áreas de donde fueron expulsados. Y, sobre todo, ofrece al Estado la posibilidad de regular y proteger esta población con una infraestructura institucional existente. De otro modo estarían ubicados en áreas susceptibles al control de paramilitares y guerrillas.No es casual que semanas atrás varios columnistas se hayan referido al tema de las ciudades como espacios propicios para la modernización. El puro efecto de la acumulación facilita la asimilación de la población recién llegada. En contraste, llevar el desarrollo y el Estado a zonas apartadas es costoso y toma tiempo. En un país tan extenso como Colombia, en medio de un conflicto interno, es además una apuesta contra evidente. Una comparación con el mundo desarrollado nos muestra que menos del 5% de la población vive en el campo. En Colombia es rural más del 20%. Inevitablemente todavía queda una proporción significativa de población que durante las siguientes décadas hará el tránsito del campo a la ciudad.Lo desafortunado de la afirmación de José Obdulio fueron sus efectos políticos. Reducir el desplazamiento a un simple proceso migratorio por causas naturales plantea una posición radical contra cualquier tipo de acuerdo político. Desconoce además el derecho a la justicia y algún tipo de reparación. En otras palabras, como no hubo expulsión violenta el costo de la urbanización debe ser asumido por los mismos desplazados o, en el mejor de los casos, por los impuestos de todos. Mientras que quienes propiciaron y se beneficiaron de la ‘migración’ no deben asumir ninguna responsabilidad ni costo.En estos términos es muy complicada una salida política al desplazamiento. Por el contrario, sólo con un reconocimiento de lo sucedido es posible voltear la hoja. Lo que conviene no sólo a los desplazados. Los nuevos propietarios necesitan resolver los derechos de propiedad de sus tierras. Una salida política puede incluir un fuerte impuesto de valoración por la pacificación de zonas de conflicto. A cambio el Estado reconoce la propiedad sobre los predios. Con los impuestos recaudados se puede financiar a la población desplazada para que haga un tránsito lo menos dramático posible a la vida urbana.Esta negociación es políticamente viable si se tiene en cuenta que varios sectores de la clase política estuvieron entre los principales beneficiarios de la adquisición de tierras. El rechazo más grande provendrá sin duda de la izquierda y de las ONG. Pero la visión bucólica de unos campesinos que lo único que añoran es volver a su tierra sólo tiene cabida en discursos preformateados. De hecho, menos del 20% de los desplazados quiere regresar al campo.