Más injusticia que inequidad

Más injusticia que inequidad

Abril 09, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

A simple vista la desigualdad en Colombia haría suponer que se trata de un país donde las elites económicas tienen un poder desorbitado frente al resto de la población. Cualquier observador de afuera, que no conozca bien la situación, pensaría incluso que existe una oligarquía voraz que impone salarios, tributos y condiciones laborales a su antojo. Tiene buenos motivos para pensarlo, el coeficiente Gini, que mide desigualdad, le hace sombra al de las antiguas repúblicas bananeras.Sin embargo, y en contra de lo que puedan argumentar muchos radicales, Colombia es un país muy distinto al estereotipo de un paraíso para oligarcas. La gran inequidad no parte, paradójicamente, de los comportamientos abusivos de quienes concentran la mayor parte del capital sino de quienes concentran en determinado momento el poder político en alguna instancia del estado.Un par de casos dicen mucho sobre esta naturaleza de la inequidad en Colombia. El secretario de seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, denunció públicamente al banquero Luis Carlos Sarmiento por la forma ilegal y abusiva como su cuerpo de escoltas paralizaba el tráfico. Mejía no tiene otro poder distinto al de su cargo y su reputación como académico. Sarmiento es el empresario más rico del país. Pese a esa diferencia Mejía pudo hacer la denuncia sin sufrir las retaliaciones que cualquiera pensaría serían típicas con un país con semejantes niveles de desigualdad.Más aún, los medios que obtienen mucha de su pauta de las empresas de Sarmiento dieron despliegue a la noticia sin ningún tipo de sesgo. Un blog adscrito a El Tiempo, periódico del que Sarmiento es dueño, fue crítico de los abusos sin que fuera censurado. De hecho, el gran perdedor en el episodio fue el banquero. Para la ciudadanía resultó indignante su comportamiento.Meterse con los políticos, en cambio, sí implica riesgos y retaliaciones. Por solo poner un caso extremo. Unos años atrás varios columnistas denunciaron a Kiko Gómez, el gobernador de La Guajira, por sus vínculos con el crimen organizado y el paramilitarismo. Las amenazas de muerte fueron tan críticas que los columnistas tuvieron que recibir escolta y refugiarse en el exterior.El asunto es entonces que en Colombia, pese al grado tan extremo de desigualdad económica existente, quien adquiere poder político tiene mayor capacidad de pasarse las leyes y las normas sociales por la faja que quien tiene dinero, sobre todo si ese dinero es de origen legal. Increíblemente el problema es más la injusticia política que la inequidad económica.Más sorprendente es que no se trata de la existencia de una casta política que se perpetúe en el poder para monopolizar unos recursos y unos privilegios. La competencia es real. Individuos de los más diversos orígenes sociales y posturas ideológicas han podido hacer parte de la elite política. Algunos perduran, otros son reemplazados inmediatamente. La movilidad y la rotación son intensas. Pero quien llega a alguna instancia de poder por lo general adopta los mismos comportamientos dirigidos a capturar recursos y privilegios.La peor consecuencia de la injusticia política es que los procesos redistributivos son demasiado costosos y complejos. Los impuestos que pagan las elites económicas legales son esquilmados impunemente por los políticos antes de que sean invertidos en obras y servicios públicos para la mayoría de la gente.

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