Lenguaje irreversible

Enero 23, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Buenas razones le asisten a las Farc para preocuparse por su situación de seguridad luego de dejar las armas. Su desmovilización es un paso enorme pero no es la paz absoluta. Todavía quedará otra guerrilla y, más preocupante, toda una serie de bandas armadas en muchas regiones que se disputan a sangre y fuego el control de las economías ilegales.Sin embargo, las Farc cometen un grave error cuando insisten que estas bandas no son más que el viejo paramilitarismo con un nuevo nombre. Para ellos el paramilitarismo continúa siendo una política de Estado como sostuvo en declaraciones recientes ‘’Pablo Catatumbo’.Esta interpretación del paramilitarismo contiene dos graves falencias. En primer lugar desconoce cómo los ejércitos contrainsurgentes que se organizaron a principios de los 80s adquirieron autonomía del Estado y de las elites del país. Tanto así que la configuración de las elites regionales cambió significativamente a lo largo de casi cuatro décadas de guerra.Eso no quiere decir que no hayan existido vínculos entre paramilitares y narcotraficantes con políticos, autoridades y elites económicas. En todo momento existió una tolerancia tácita y explícita a los paramilitares como parte de la estrategia insurgente. Y a nivel regional muchos políticos y empresarios se aliaron con ellos para imponer sus intereses.Lo que se refuta es que hubiera sido una conspiración planeada, ejecutada y dirigida desde el estado por élites económicas para reprimir los movimientos y reivindicaciones sociales. No hay ninguna evidencia, por ejemplo, que un presidente en ejercicio o uno de los grandes cacaos hubiera tenido su grupo paramilitar.En segundo lugar, el paramilitarismo ha sufrido enormes mutaciones. En particular, luego de la muerte de Escobar una facción del Cartel de Medellín organizó una serie de ejércitos privados bajo el mando de señores de la guerra que no solo tenían un propósito contrainsurgente sino que también buscaban apoderarse de los centros de producción y corredores de drogas de todo el país.Con la desmovilización de las AUC los ejércitos privados perdieron su naturaleza contrainsurgente y se especializaron en el control del narcotráfico y demás economías criminales en regiones cada vez más periféricas y espacios más marginales. Y, sin duda, serán una gran amenaza para los desmovilizados de las Farc, al igual que para las organizaciones de izquierda o de derecha que hagan política allí y no se plieguen a sus intereses. Pero no será una violencia motivada por razones ideológicas, ni tampoco dirigida desde sectores intolerantes desde Bogotá o desde las fuerzas de seguridad del estado.Una mala interpretación del paramilitarismo en La Habana puede tener consecuencias fatales porque la estrategia que se acuerde para proteger a los desmovilizados puede ser equivocada. Lo irónico es que el error de interpretación del paramilitarismo proviene de las propias Farc por su dificultad de revertir el lenguaje que utilizan para deslegitimar al gobierno. Las Farc siempre han afirmado que el paramilitarismo es una política de Estado. Aceptar algo distinto implicaría reconocer que sus acusaciones eran solo parte de una estrategia política.El problema es que si ellos no aceptan la nueva realidad de las bandas criminales y la verdadera naturaleza de su amenaza en el postconflicto no podrán recibir la mejor protección posible del estado.

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