Lavadores impunes

Durante las últimas décadas en Colombia han entrado cada año cifras que, de acuerdo a los cálculos más conservadores, rondan los varios billones de dólares por concepto de exportaciones de drogas. Es de suponer que todo ese dinero luego de haber sido lavado e introducido en la economía legal debería constituir un volumen de capital tan grande que resultaría muy difícil esconder a las autoridades. Lo lógico sería esperar que la acción del Estado se hubiera traducido en la captura de numerosos responsables de las operaciones de blanqueo y en la incautación de los bienes y el dinero producto del narcotráfico.Sin embargo, los datos de capturas y de decomiso de bienes son ridículos en comparación a la magnitud de las exportaciones de drogas. Para dar una idea de la pobreza de los resultados basta decir que en Medellín, uno de los dos centros de lavado más importantes del país, en el 2014 solo se capturaron 7 personas por ese motivo. ¡En el 2013 se capturaron 4 y en 2010 solo 2!¿Por qué el Estado colombiano ha realizado un esfuerzo tan pobre para atacar esta fase del negocio, al tiempo que ha realizado enormes esfuerzos en otras fases como la erradicación de cultivos o el desmantelamiento de los grandes carteles? Las explicaciones más obvias van por el lado de la presión de EE.UU. y la corrupción. EE.UU. está más interesado en acabar la oferta por lo que su ayuda internacional y su influencia política dejan a un lado las operaciones de lavado. Del mismo modo, los lavadores concentran mayores recursos y hacen parte de sectores aceptados socialmente, por lo que se les facilita corromper a las autoridades.Todo lo anterior puede ser cierto pero como explicación es insuficiente. No considera otras razones políticas más importantes a la hora de definir donde se concentra el esfuerzo del estado. Desde el preciso momento que el dinero es blanqueado e ingresa a una cuenta bancaria comienza a estar bajo la regulación del Estado. Los lavadores no son en ese sentido un desafío institucional, son solo delincuentes sin aspiraciones de imponer sus propias leyes.Algo muy distinto ocurre en una región de cultivos o donde se instalan los laboratorios. Allí los narcotraficantes, sean guerrillas, paramilitares o carteles, sí aspiran a gobernar con sus propias leyes. Por eso el Estado, ante el desafío que representan, responde con mayor severidad. Es una lógica política que va más allá de la presión norteamericana y la corrupción, que sin duda son reales.El problema es que de todos modos el lavado afecta indirectamente la capacidad institucional del Estado, quizá tanto como las otras fases operativas. La corrupción alrededor del lavado destruye las reglas del juego de la democracia al distorsionar los resultados electorales. Toda la economía informal y las ventas de contrabando que son utilizadas para el blanqueo de dinero destruyen la capacidad del Estado de regular los mercados. Eso sin mencionar que gracias al blanqueo se financian las otras fases de la cadena productiva del negocio.En consecuencia, reorientar los esfuerzos del Estado en contra el lavado debe ser una política prioritaria, no solo para evitar que la droga llegue al consumidor en EE.UU. sino para recuperar el control de numerosos espacios y comunidades donde hoy los criminales ejercen su propia ley. Lo que al final de cuentas es la principal amenaza para la paz en el postconflicto.