Las marchas de la periferia

Las marchas de la periferia

Agosto 03, 2013 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

No hay que ser malicioso para presumir que detrás de las marchas de Catatumbo, Caucasia y demás zonas de la periferia profunda están las Farc, las otras guerrillas y las bacrim. Es casi caricaturesco la manera como algunos piden no estigmatizar a César Jerez, el líder de los campesinos que nunca ha sembrado un tomate. La situación es tan evidente, sobre todo por su aparición en los correos de las Farc, que la carga de prueba debería estar en sus manos. Pero así exista una utilización de las marchas para oscuros propósitos políticos hay un asunto inocultable: existen dos razones de sobra para que la población se movilice.De un lado existe un abandono histórico del Estado a estas zonas y sus pobladores. El Estado ha sido reacio a ajustar sus instituciones para resolver las demandas sociales de quienes viven en los márgenes del territorio sembrando coca o explotando socavones. No hay instituciones de justicia, seguridad y orden para quienes se dedican a actividades criminalizadas. Tampoco el Estado ha hecho un esfuerzo efectivo para transformar las condiciones de la población, de modo que sus instituciones sean viables para regular la vida social en la periferia.De otro lado estas no son las marchas de siempre para exigir al Estado inversiones en la periferia deprimida. Son marchas, por el contrario, para exigir que el Estado no se entrometa en la organización de una economía local que está conectada con los mercados globales. En las compra-ventas de los municipios donde se transa el oro, por ejemplo, es posible encontrar una pantalla de computador transmitiendo en tiempo real el precio de la onza-troy en la Bolsa de Nueva York. Y, ¿qué más global que el mercado de la cocaína?Al igual que siempre, las instituciones del Estado tal como están pensadas por el actual gobierno no son bienvenidas porque significarían el final de estas economías. Para la coca no hay ningún chance. Y para el oro el Gobierno insiste en apostar por grandes compañías provenientes de fuera de la zona. Estas compañías aunque facilitan al Estado el cumplimiento de las normas ambientales y el pago de obligaciones tributarias excluyen a la población local, la que habita sobre los recursos naturales, de la explotación directa de su riqueza.Los mineros informales y artesanales, o criminales como los califica el Gobierno, traen los medios de cambio de los mercados mundiales a la periferia. Al margen del daño ecológico que producen le permiten a la población local acceder a unos recursos que de otro modo no existirían. Muy diferente a la explotación por grandes compañías multinacionales, las cuales pagan impuestos y transan el oro en Bogotá. Mientras que en las formas criminales de minería la plata se queda en la zona de explotación así las tajadas más grandes se las disputen mafiosos y políticos, en la minería formal el botín va a parar a los bolsillos de los funcionarios, abogados y lobistas en Bogotá.No sorprende entonces que la población de la periferia haga el juego a los enemigos armados del Estado. Lo lamentable es que su movilización sea inútil porque las concesiones del Gobierno servirán ante todo para fortalecer la posición de las Farc en la mesa de negociación, no para resolver la incapacidad histórica de las instituciones estatales para incluir a la gente de la periferia.

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