La obligación del Presidente

De todos los lados le llueve fuego a la democracia. En el 2010 Uribe tentó la posibilidad de un tercer período. Afortunadamente un político profesional, más barón regional que estadista, quien se suponía debía arreglar a la Corte Constitucional, desistió de hacer bien la tarea y los magistrados se opusieron a la posibilidad que Uribe fuera nuevamente candidato.

En la próxima campaña presidencial hay un candidato, Petro, que es ambiguo acerca de sus intenciones de mantenerse en el poder y conformar mayorías aplastantes durante décadas en el parlamento para realizar transformaciones estructurales en el país. ¿No se trata acaso la democracia de la rotación en los cargos y la concertación entre los más diversos actores para evitar que un sector, que por lo general concentra el poder en las manos de una camarilla, se imponga en el control del Estado y en las decisiones políticas?

No es extraño tampoco que el uribismo, pese al desgaste de tanto tiempo liderando la política nacional y del pobre impulso que pueda significar el respaldo de un gobierno insípido como el de Duque, quiera impulsar una candidatura que rompa acuerdos fundamentales para la concertación política. Hacer trizas la JEP y el proceso de paz y proponer mini constituyentes para reformar la Justicia significan rupturas en los procesos de reconocimiento de los adversarios y la consecución de acuerdos políticos.

Pero todo este fuego que llueve sobre la democracia al menos proviene de una dirigencia política con una alta capacidad de representación. El uribismo y el petrismo, así para muchos sean repudiables, interpretan las preferencias y sentimientos políticos de amplias mayorías. Por eso, suena tan ridícula y desproporcionada la propuesta del director de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, y 25 congresistas de extender el período presidencial y de senadores, representantes y otros cargos de control en el Estado.

Es un fuego contra la democracia que proviene de figuras oscuras, con poca o casi nula capacidad de representación de la sociedad, tan solo un puñado de votos, para a través de audacias legislativas echar un globo de aire con el fin que la clase política y algunos altos funcionarios materialicen la idea. En el papel, se supone que la propuesta debería ser tentadora para el presidente Duque y la coalición política en el gobierno:
les cedería dos años más de mandato. De allí la necesidad que hay de el Presidente despeje la mínima duda que pueda haber acerca de si el está de acuerdo con semejante iniciativa.

Es una obligación del presidente porque extender el período es un ataque a los supuestos elementales de la democracia. Rompe los ya bastante golpeados mecanismos de pesos y contrapesos del sistema y, además, impide la rotación de los individuos en los cargos de dirección en el Estado. Para dar una idea de cómo es de importante esta rotación basta recordar cómo la negación del tercer período de Uribe derivó en la presidencia de Santos que, si bien fue elegido por Uribe, rápidamente se distanció de su mentor y dio espacios a otros sectores en el poder.

Como bien dice la oposición la propuesta es en la práctica un golpe de Estado, para ser más precisos un pequeño golpe de estado de dos años. Las declaraciones de la Vicepresidente rechazándola no son suficientes. El propio Duque es quien debe dejar en claro que el gobierno no va por ese lado.
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