La Fuerza Pública

Es irónico que quienes más protestan contra el capitalismo y el libre mercado no sean capaces de reconocer que es gracias a ellos que es posible evidenciar los abusos de la fuerza del Estado. Sin el desarrollo de tecnologías como celulares, cámaras e internet, no hubieran quedado registrados los excesos del Esmad durante el paro.

Esa no es la única ironía tras las motivaciones ideológicas de quienes manejan discursos radicales contra el Estado y el sistema. La idea que es necesario debilitar la Fuerza Pública para aliviar la violencia contra la población no solo es inviable sino contraproducente. En un país como Colombia, en que recién se sale de un conflicto de varias décadas de duración y en que todavía el Eln, las disidencias de las Farc y numerosas organizaciones criminales se disputan el control de zonas periféricas y marginales, si algo es apremiante para alcanzar una paz definitiva es el fortalecimiento del aparato de seguridad del Estado.

Es cierto que el Ejército, la Policía y demás fuerzas han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos (para la muestra ahí están los falsos positivos), que han existido relaciones con grupos paramilitares y criminales y que hay problemas de corrupción a su interior. Sin embargo, la Fuerza Pública también merece un reconocimiento por haber llevado a las Farc a la mesa de negociación en La Habana, luego de infringirle una derrota estratégica, por haber desmantelado numerosas mafias y, sobre todo, por haber logrado que el Estado pudiera llevar sus instituciones a numerosos lugares y comunidades donde el poder estaba bajo el control de un tercero.

Con todos sus defectos y casos aberrantes, la Fuerza Pública ofrece mayores garantías al cumplimiento de los derechos humanos que las guerrillas, las disidencias y las Bacrim. Es la única que cuenta con vigilancia de la sociedad civil y de las agencias de control del Estado. Es más, por pura sustracción de materia, es la única herramienta que se dispone para proteger a la población. A menos que se quiera legitimar la privatización de la seguridad. Y ya el país tiene experiencia en cómo terminan de mal los experimentos de autodefensa.

Por eso, la solución no está en proponer olímpicamente el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Por poner un caso sujeto de debate a raíz de los paros recientes, el del Esmad. Hay pruebas irrefutables que hubo excesos por las fuerzas policiales. Las imágenes de jóvenes detenidos en un automóvil civil sin placas son escalofriantes. Pero de allí a concluir que el Estado deba quedarse sin una policía antidisturbios hay un margen de inconsecuencia enorme. Las víctimas y las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones serían mucho peores sin un cuerpo policivo especializado.

Lo que se requiere es depurar las prácticas y la gestión del Esmad, de modo que sean más compatibles con el respeto a los derechos humanos y con una doctrina de reducción de daño y efectos colaterales. Igual sucede con el tema de los bombardeos a ejércitos irregulares. El problema no es que se usen bombas sino las condiciones en que se usen, porque si no se debilitan estos ejércitos la sociedad lo pagará caro en masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento, etc.

En una coyuntura como la actual cualquier decisión irresponsable es la receta perfecta para perder la poca paz que hemos alcanzado.

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