Justicia a la carta

A propósito de la extradición de Andrés Felipe Arias es evidente que la justicia en Colombia es un plato a la carta. Cada quien se come lo que su poder le permita adquirir. No hay un mínimo sentido de igualdad e imparcialidad en el momento de juzgar y de dictar sentencia.

La injusticia con ‘Uribito’ no va por los lados de su inocencia. Todo apunta a que es culpable de lo que los tribunales colombianos fallaron: utilizar los recursos de un programa de gobierno para a través de un tercero financiar su campaña política. En estricto sentido la magnitud de la pena tampoco es que sea injusta. Los 17 años de prisión podrían parecer muchos pero dado el problema de corrupción que atraviesa Colombia, es una pena que todos los políticos deberían cumplir como mecanismo de disuasión a la clase política.

La injusticia con ‘Uribito’ proviene del hecho que lo que él hizo es una práctica corriente entre la clase política colombiana, incluyendo la dirigencia nacional en Bogotá. Es más, si algo demuestran los últimos escándalos es que el monto de lo desviado de Agro Ingreso Seguro es limitado cuando se compara con otros casos.

La mejor comparación la ofrece el propio presidente Santos con Odebrecht. El caso es igual al de Arias: los recursos para la construcción de unas vías necesarias para el desarrollo son utilizados en un determinado porcentaje para financiar una campaña política. De hecho, la diferencia sería que el monto de los recursos involucrados es muy superior. Las últimas revelaciones de ‘Ñoño’ Elías y Gabriel Dumar, cómplices en toda la operación, hablan de cifras cercanas a la decena de miles de millones de pesos.

No obstante, la Justicia ha sido bastante blanda con Santos y su entorno. Quienes están en prisión son solamente políticos, abogados y contratistas de provincia como Otto Bulla, ‘Ñoño’ y Dumar. Ni siquiera ha sido detenido Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos y enlace entre Odebrecht y los políticos que pusieron los votos necesarios para la reelección, quien ha sido reiterativamente denunciado en las indagatorias e investigaciones.

La prensa también ha sido indulgente con Santos. Poca atención se ha reparado en la libertad de Prieto y no es mucho lo que presiona a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez que evaden las diligencias judiciales desde el extranjero. Es probable que el actual escándalo de la Corte Suprema de Justicia haya servido como distractor del escándalo que se cuece sobre la elección de Santos. Sin embargo, material para cuestionar al Presidente hay de sobra.

Ahora bien, el motivo para plantear una posición dura frente al caso Odebrecht no responde en particular a un juicio a Santos sino a la clase política en su conjunto. ‘Uribito’, los hermanos Moreno, Samper, etc. son la prueba de que se trata de una práctica común en todo el espectro ideológico y de partidos de la dirigencia nacional. Incluso el debate público entre la dirigencia ha llegado a la desfachatez de que un personaje como Fernando Londoño, recordado por el fraude de Invercolsa, denuncie desde su programa radial la corrupción de Santos.

El principal problema del país al día de hoy es que la dirigencia nacional gobierna a través de toda una red de intercambios clientelistas que tienen como material de cambio el acceso a las rentas de la corrupción. Y la única manera de empezar a aliviar el problema es acabando la justicia a la carta.

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