James Robinson II

Febrero 14, 2015 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

La discusión iniciada por James Robinson sobre la reforma agraria ha sido muy útil para destapar las posiciones de muchos intelectuales sobre el asunto. Hasta ahora la discusión ha girado en torno al tema de si la redistribución de la propiedad rural es una causa necesaria para la modernización de las sociedades campesinas.Paradójicamente un asunto central, la pacificación de las zonas rurales donde transcurre la mayor parte del conflicto, ha sido reducido a una simple restricción del proceso de modernización. Robinson argumenta que es mejor no redistribuir porque sería echar leña al fuego. Más conveniente sería invertir en educación porque no se generarían nuevos enfrentamientos sobre la propiedad. Sus críticos argumentan, por el contrario, que la ausencia de una reforma agraria exige que el Estado asuma dicho conflicto.En realidad el tema es otro. No es sobre evitar o asumir un conflicto. El país lleva casi cuatro décadas de guerra y el propósito último, antes que redistribuir o no, es lograr que el Estado finalmente logre imponer sus instituciones en zonas donde hoy no lo hace o lo hace de manera incompleta. El conflicto es tanto económico como político. Es sobre quién ejerce como gobierno en comunidades periféricas.Bien sea para redistribuir o para proteger los títulos de propiedad de los latifundistas, el Estado tiene primero que garantizar la hegemonía de sus instituciones. Por eso, la principal crítica que se debe hacer a Robinson es recordarle que el conflicto es inevitable. Ya existe y la inacción no es una opción. Sería dejar el camino libre a guerrillas, mafias y bacrines.Pero Robinson tiene razón cuando sugiere que ciertas formas de producción agraria asociadas a la gran propiedad pueden facilitar la solución. Sus críticos no reparan que la situación del Estado es tan apremiante que no es ni la equidad ni la rentabilidad económica lo único que al final debe motivar las decisiones.Así como existen diferencias en cuanto a los beneficios económicos y sociales que generan las distintas opciones de producción, existen diferencias en cuanto a las posibilidades que ofrecen a la difusión territorial de las instituciones del Estado. La ganadería, por ejemplo, es costosa en términos institucionales si se compara con la palma. Por sus características productivas los ganaderos concentran poca mano de obra, sus encadenamientos con la industria y los servicios son pobres, pueden mover su mercancía por rutas precarias y sus transacciones son tan escasas que pueden ser tramitadas informalmente.Todos estos atributos dificultan la entrada de las instituciones del Estado. Sin empleo y sin contratos formales poco sentido tienen sus tribunales. La población dispersa en zonas con escasas vías de comunicación encarecen los costos de vigilancia y protección. El pobre desarrollo de la industria y los servicios es contrario a la aparición de clases medias que constituyen la base de la formación de los funcionarios públicos.Por eso, en las decisiones sobre el tema agrario no solo deben pesar las implicaciones económicas y sociales sino también las políticas. Y uno encuentra con preocupación que en muchas ocasiones el afán de restituir sin considerar la buena fe de sus actuales propietarios y la falta de escrúpulos de algunas ONG puede estar llevando al Estado a sembrar las condiciones para la destrucción de sus propias instituciones.

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