Iguales pero distintos

Iguales pero distintos

Julio 23, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Es evidente que la negociación entre el gobierno de Santos y las Farc en La Habana no es entre iguales. El Estado es de lejos más poderoso que las Farc en términos de recursos, control territorial, fortaleza militar y legitimidad. No hay punto de comparación pese a algunos logros de las Farc en la guerra de guerrillas y control de áreas periféricas.Más aún, el momento de la negociación fue producto de una circunstancia concreta: la derrota del plan estratégico de las Farc y su repliegue hacia zonas remotas. Luego de más de una década de inicio del Plan Colombia era clara la supremacía del Estado. La realidad les enseñó a las Farc que las victorias de mediados de los 90 fueron triunfos más tácticos que estratégicos y que cualquier perspectiva de revertir la situación era pura ilusión.No obstante, la asimetría de poder no fue impedimento para que en las negociaciones las partes se asumieran como iguales en ciertos aspectos metodológicos. Cuando se definieron comisiones como la de historia del conflicto o la jurídica se asignaron el mismo número de miembros para las Farc y para el Gobierno. La capacidad nominadora para la comisión de la verdad y los magistrados del Tribunal Especial para la Paz también es equitativa entre las partes. Es lógico que sea así para que la dinámica de las negociaciones pueda fluir. Pero hasta allí debe llegar la igualdad.La pretensión de las Farc es que la negociación sea entre dos partes que se asumen como estados. Por su parte, para el Gobierno la negociación es acerca de cómo asimilar dentro de sus instituciones a una guerrilla. Se trata del paso de un ejército insurgente a un partido político y movimiento social que podrá competir dentro de las reglas de juego de la democracia. Como mucho el Gobierno puede conceder algunas ventajas iniciales para que se acoplen a la competencia por los cargos públicos y la aprobación de la sociedad.Las curules que se concedan a las Farc de manera directa durante uno o dos períodos, las zonas de circunscripción especial donde habrá restricciones a la competencia de los partidos tradicionales, así como las demás concesiones políticas, hacen parte de esta compensación a las desventajas iniciales de la guerrilla. Y en gracia de discusión pueden aceptarse bajo unos límites muy estrictos.Lo que por razones de simetría en la negociación no puede justificarse son cambios institucionales que coloquen a la guerrilla al mismo nivel del Estado. Sería inaceptable, por ejemplo, que los miembros de las Farc hagan parte de las fuerzas de seguridad. Equivaldría a que un partido dispusiera de su propia policía política. Lo que a su vez equivaldría, sin ningún tipo de matiz, a una ruptura de las instituciones democráticas.Existe un principio fundamental en la negociación que no es explícito. Subyace tácito en la predisposición de la población a legitimar los acuerdos más allá de lo impopular que puedan ser las concesiones a las Farc. Es que la negociación no trata de la simbiosis de dos proyectos de estados en actores en condiciones similares de poder, sino de la asimilación de una de las partes –la más débil- dentro de las actuales instituciones del Estado.Por consiguiente, las concesiones a las Farc no pueden incluir el ejercicio de funciones básicas de un Estado como la seguridad, la justicia y el gobierno de la sociedad por fuera de las instituciones democráticas.Sigue en Twitter @gusduncan

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