Guerras recicladas 2

Noviembre 01, 2014 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Hace un par de semanas comenté el libro de María Teresa Ronderos, Guerras recicladas. Me centré en el carácter narcotraficante de un sector del paramilitarismo previo a la lucha contrainsurgente. Pero ha sido otro tema el que ha llamado la atención de los analistas: la debilidad del Estado al delegar en ejércitos privados de narcotraficantes la autoridad en las regiones.El tema es crucial para comprender la política en Colombia porque no se trata del caso de un país pobre en recursos y en instituciones. Colombia no es un Estado débil como Sierra Leona o Somalia donde señores de la guerra fueron capaces de tomarse la capital y la autoridad central prácticamente desapareció. Eso nunca ha estado en juego aquí, el Estado tiene medios más que suficientes para parar en seco a narcos y paramilitares dadas las circunstancias.Lo que ha estado en juego es otro tipo de decisión política. La de unos gobernantes, una clase política y una fuerza pública que, a pesar de disponer de un Estado con niveles decentes de recursos e instituciones, optaron por delegar en paramilitares la autoridad en muchas regiones del país en vez de enfrentar directamente a la guerrilla. En otras palabras, el gobierno central a principios de los 80 prefirió que ganaderos y terratenientes asumieran directamente el costo de contener a la guerrilla y, además, no hizo nada cuando era claro que quienes se apoderaron de la contrainsurgencia privada fueron los narcotraficantes.Si el Estado contaba con recursos e instituciones la razón para explicar esta decisión hay que buscarla en motivos políticos. Es decir, no ocurrió que los gobernantes se enfrentaran a una situación en que no dispusieran con los medios para hacer la guerra sino que optaron por no hacer uso de unos recursos potencialmente disponibles y por dejar que fueran otras fuerzas las que asumieran el gasto. La razón para tomar esa decisión estuvo en que el avance de la guerrilla a principios de los 80 y en las décadas subsiguientes afectó de manera muy diferenciada a los distintos sectores de elite en Colombia. Mientras que el poder económico y político en Bogotá no sufría en carne propia el secuestro, la extorsión y el terror de la guerrilla, en las regiones ese era el pan de cada día.Es irónico que la motivación ideológica de la guerrilla estuviera dirigida contra la explotación capitalista y que a la elite que amenazaron fue a la menos capitalista de todas, los ganaderos y los narcos. La ganadería era una empresa casi feudal y los narcos eran ante todo empresarios de la violencia. No sería extraño que una de las razones de las elites del centro para negarse a asumir los costos de fortalecer la contrainsurgencia legal fuera que no estaban dispuestos a pagar por la seguridad de unos ganaderos que poco aportaban al desarrollo, antes eran un lastre por no liberar tierras para la agroindustria, y unos criminales que, si bien traían muchos recursos, eran una amenaza a la institucionalidad.Sea como fuere, con todo y su pobre capitalismo, ganaderos y narcos tuvieron que financiar de su propio bolsillo la organización de la contrainsurgencia privada. Al final los narcos por disponer de mayores recursos se quedaron con el botín de la guerra: el ejercicio de la autoridad regional.La gran lección para la historia es que el Estado nunca debe delegar la seguridad, sin importar los costos que implique.

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad