Fallos y prejuicios

Junio 04, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Se supone que los jueces deben fallar en derecho, es decir, a partir de unas leyes muy concretas y de la evaluación del material probatorio disponible. Si el material es insuficiente, de modo que existan dudas sobre la culpabilidad de los acusados, el juez debe abstenerse de condenarlo. Pero hay otra opción, el juez puede estirar la interpretación de las leyes hasta que las pruebas disponibles encajen dentro de una definición de culpabilidad.Esta última opción encarna un riesgo político de la mayor gravedad porque los jueces pasan por alto toda la institucionalidad establecida y se convierten en actores con un poder desproporcionado. Ni más ni menos pueden juzgar las actuaciones del resto de la sociedad y castigar a quienes no se ajusten a su criterio particular de la ley.La justicia basada en el criterio de los jueces es en el fondo una manera de desconocer los acuerdos a los que ha llegado la sociedad al producir sus leyes. En una democracia la producción de leyes es un proceso que involucra muchas instancias, desde el congreso como órgano de representación popular que las concerta y codifica hasta las altas cortes que garantizan que no violen los principios básicos de la constitución. De esa forma se garantiza que las leyes reflejen las más amplias voluntades pero al mismo tiempo que no sean irrespetuosas de derechos fundamentales.Ad portas de iniciar el tribunal especial de paz y de la selección de sus miembros, la discusión de la necesidad que los jueces no traspasen sus mandatos institucionales y se extiendan en su propia versión de las leyes es de máxima prioridad. Ya hoy son evidentes los excesos a los que pueden llegar funcionarios de la rama judicial que eventualmente podrían tener un papel protagónico en la justicia especial.Un ejemplo de la cacería de brujas que puede convertirse el tribunal de paz es el proyecto de Argos en los Montes de María. Allí esta empresa compró 6.000 hectáreas para sembrar teca. Resulta que varios de los predios comprados habían sido despojados por testaferros de los paramilitares. Argos no lo sabía, sin embargo un juez sentenció que no hubo buena fe porque no hizo un esfuerzo todavía mayor por averiguar el origen de un predio en particular. Ahora todas las inversiones de Argos en la zona están en riesgo a pesar incluso de haber devuelto el predio y donado 18 mil millones de pesos en proyectos para la comunidad.El juzgamiento tan severo de empresas como Argos que no estuvieron envueltas en el conflicto de manera directa, mucho menos fueron victimarias, responde en realidad a los prejuicios ideológicos de ciertos fiscales. Entre ellos ha hecho carrera la teoría del ‘reloj de arena’ que sostiene que si bien una cúpula paramilitar era quien dirigía las acciones de los combatientes rasos, existía detrás un sector más amplio de elites económicas y políticas, quienes eran los verdaderos jefes a la sombra. Por consiguiente la justicia debe procesar a toda costa, así no exista un material probatorio consistente, a estas elites.El resultado es nefasto. No solo para los empresarios que pierden en reputación, procesos e inversiones sino para las gentes del común en los Montes de María. Si alguien va a ofrecerles un empleo formal, respetuoso de las normas laborales, son empresas como Argos. Eso es mucho mejor que el empleo que ofrecían hacendados como el ‘Gordo’ García y demás parapolíticos del lugar.Sigue en Twitter @gusduncan

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