Es contra el Estado

Junio 22, 2013 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Los asesinatos de los funcionarios de la Dian son equivalentes a los asesinatos de policías, jueces y soldados. Se trata de crímenes contra la capacidad del Estado de imponer ley y orden en el territorio. Y sus motivaciones yacen en las mismas causas: la pretensión de grupos armados de imponer formas de autoridad alternas al Estado.El asunto en Colombia es muy distinto a lo que sucede en otros países donde los funcionarios de Hacienda también son intimidados y corrompidos. Allá una empresa, un criminal o cuando mucho un sector económico busca simplemente acceder a una renta que debería corresponder al Estado. Acá unas organizaciones armadas buscan suplantar al Estado mediante la expropiación de sus funciones.Un Estado puede hacer muchas cosas. Desde proveer seguridad social hasta encarcelar a sus ciudadanos por no alabar públicamente a su líder. Pero todos los Estados tienen que asegurarse de hacer al menos tres cosas: mantener el monopolio sobre el ejercicio de la violencia, administrar justicia -así sea de manera injusta- y recolectar impuestos.Cuando guerrillas y mafias asesinan soldados y policías es para impedir el monopolio de la violencia por el Estado. Cuando aterrorizan y corrompen a los jueces es para administrar justicia por su cuenta. Y cuando deterioran la capacidad de extraer impuestos a través del asesinato de funcionarios de la Dian y la corrupción de sus colegas es para apoderarse de la tributación de las actividades económicas que ocurren en una población. Por algo se dice en distintos medios que en el asesinato de Celia Escobar, jefe de fiscalización de la Dian en Neiva, tuvo que ver un extravagante empresario que lava dinero a las Farc.En consecuencia, lo sucedido con la Dian es un aviso de la necesidad de nuevas soluciones en la regulación de una economía que progresivamente se distancia del control del Estado. El problema no son solo los grupos armados en sí sino cómo las economías que ellos explotan, regulan y protegen suman una parte importante del mercado laboral. En Colombia el empleo informal es la mitad del empleo total y gran parte de la informalidad se sostiene de operaciones de lavado y de contrabando.Las personas que trabajan en estos mercados implícitamente están obedeciendo unas relaciones económicas que son gobernadas por actores alternos al Estado. La base del poder de guerrillas y mafias proviene tanto de los recursos que extraen de las economías informales como de la población que gobiernan al regular sus medios de subsistencia. Ellos obedecen normas y comportamientos impuestos al margen de la autoridad del estado.Pero además rechazan cualquier intento del Estado por gobernarlos porque sus instituciones significan la destrucción de sus medios de subsistencia. Por eso en el Huila, la Guajira y en muchas otras zonas donde funcionarios de la Dian son amenazados y corrompidos, la población obedece sin mayor reparo los gobiernos alternos de quienes, así sea en condiciones oprobiosas, mantienen las fuentes económicas existentes.El Estado, pero sobre todo quienes lo lideran en los altos cargos del Poder Ejecutivo, deben entender que la guerra contra las economías que sostienen a guerrillas y mafias no se gana simplemente destruyéndolas. La victoria en ese campo depende que el Estado sea capaz de incluir a la población bajo sus instituciones de regulación económica. Es una tarea nada fácil.

VER COMENTARIOS
Columnistas
Publicidad