El voto militar

Enero 04, 2014 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

Óscar Iván Zuluaga propuso que el derecho al voto se amplíe a los miembros de las fuerzas militares y la policía. En sí la propuesta se soporta en un argumento contundente: militares y policías también son ciudadanos y deben gozar de los mismos derechos del resto de la ciudadanía. Son pocas las democracias donde no pueden votar.Si bien en el largo plazo lo deseable es que militares y policías puedan votar existen razones de peso para que de momento no sea sí. Ya en 1958 Lleras Camargo había dicho en su famoso discurso en el Teatro Patria: “La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia el de la disciplina.” En ese entonces el temor era que los militares dieran un golpe. Razones tenía. El teniente Cendales había encabezado un intento de golpe ese mismo año.La situación hoy es muy distinta pero el temor de Lleras sigue vigente. El riesgo no es que militares o policías organicen un golpe de estado. Ni que chantajeen a las ramas del poder para obligarlos a realizar todo tipo de concesiones, desde indultos hasta aprobación para compras de material de guerra. Al día de hoy las posibilidades de un golpe exitoso son mínimas y militares y policías tienen suficiente influencia para lograr concesiones razonables de las autoridades civiles.Lo realmente preocupante es que las fuerzas de seguridad como instituciones se conviertan en feroces máquinas electorales. Ya existe en Colombia un precedente: las universidades públicas. Así el caso sea distinto porque se trató solo de consultas internas, lo sucedido demostró que la disputa por el control de una institución pública puede derivar fácilmente en el uso de sus recursos y su influencia para proyectar candidaturas de todo tipo, incluso ajenas a la institución.¿Cuántos rectores de universidades públicas acabaron aspirando a cargos públicos? ¿Cuántas universidades se convirtieron en el principal campo de batalla de la política departamental? Basta echar una mirada a los académicos asesinados y encarcelados o a los escándalos por corrupción para darse una idea de la dimensión del problema.En una eventual concesión del derecho al voto a militares y policías es fácil imaginarse todos los riesgos de alianzas que existen entre oficiales y suboficiales desplegados en el territorio con la clase política. Las fuerzas de seguridad del estado cuentan con armas y recursos para incidir en las elecciones. La clase política cuenta con su influencia sobre el estado para proyectar la carrera de aquellos militares y policías que se alineen a sus intereses y necesidades electorales.En un país saturado de regiones donde la coca, la minería ilegal, la corrupción y el clientelismo son el eje de la economía política se estaría agregando otra variable de riesgo para las instituciones del estado. En vez de una representación legitima de los intereses de policías y soldados como actores importantes de la sociedad, estaríamos asistiendo a la utilización de una institución para que sus miembros distorsionen su misión institucional en busca de provecho personal.Cualquier teniente que cuente con los votos de la zona bajo su jurisdicción puede usar su influencia en el congreso para eventualmente degradar a un general. No sería raro incluso que sea una retaliación porque ese general lo quería remover por prestar protección a narcotraficantes y bacrines en la zona. De hecho algo de eso ya pasa hoy.

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