El caso Santiago

Al margen de si es culpable de lo que se le acusa, la detención de Santiago Uribe tiene unos efectos políticos tan importantes en la actual coyuntura que el proceso judicial en sí mismo es intrascendente. O, para ser más exacto, es trascendente en la medida que sus resultados implican importantes decisiones políticas en el país.Aun suponiendo de entrada que Santiago Uribe es culpable, su detención coloca a la oposición uribista en una enorme desventaja en la fase final del proceso de paz. En todo el espectro político, de izquierda a derecha, hay sospechas y señalamientos, bastante creíbles, que apuntan a algún tipo de participación o colaboración con grupos armados ilegales. Uno de los propósitos con el proceso de paz es precisamente que al final todas las vertientes políticas admitan dentro de los tribunales y comisiones de la verdad los vínculos con guerrillas y paramilitares. De lo contrario la justicia deberá proceder a juzgar dentro de los canales ordinarios a los responsables en la política legal.El problema es precisamente que muchos en la política legal no van a aceptar responsabilidades porque confían en que la Justicia no tiene los medios, ni la capacidad, para adelantarles un proceso probatorio que los cuestione ante la sociedad. Eso sin mencionar que también confían en su influencia política sobre el aparato judicial. Por consiguiente, preferirán pasar de agache ante los tribunales y las comisiones del postconflicto para no ceder un gramo de su reputación.La detención de Santiago Uribe podría parecer un mensaje a la clase política de que la apuesta por una justicia incapaz de juzgarlos por vías ordinarias puede no tener en adelante bases reales. Eso sería una excelente noticia si la noticia fuera para el espectro político en su totalidad. Pero cuando existen otros políticos vinculados al proceso 8000, con correos en los computadores de las Farc o con reuniones comprobadas con paramilitares y guerrilleros a quienes la Fiscalía no se preocupa en lo más mínimo por perseguirlos el mensaje evidentemente es otro.Lo que pretende la Fiscalía es que el uribismo acepte, en el marco del proceso de paz, un involucramiento en el conflicto superior al del resto del espectro político. Al punto que debería quedar como una contraparte casi que en igualdad de aceptación de responsabilidades a las Farc. Sería injusta esa nivelación no solo porque desconoce la responsabilidad de todo el resto de colectividades y figuras públicas distintas al uribismo que van a evadir los costos políticos que significaría admitir lo ocurrido, sino también porque no es cierto que sobre los miembros del uribismo actual caiga una responsabilidad equivalente a la de las Farc.De nuevo, suponiendo que el caso de Santiago Uribe sea cierto, la responsabilidad es por menos de medio centenar de asesinatos, muchos de ellos de personas directamente involucradas con secuestros y extorsiones. En el caso de los jefes de las Farc la responsabilidad es sobre decenas de miles de secuestrados, desplazados, asesinados, mutilados, etc. No hay punto de comparación.Por eso la preocupación no es con la suerte de Santiago Uribe. Es con el proceso de paz, porque es apenas obvio suponer que el uribismo deberá oponerse, ahí sí hasta en su última instancia, a un acuerdo de paz en que ellos deban asumir todas las responsabilidades de lo ocurrido desde el lado de la política legal.