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Drogas en La Habana

En su última columna Alfredo Molano tocó un tema crucial que pasó...

22 de marzo de 2014 Por: Gustavo Duncan

En su última columna Alfredo Molano tocó un tema crucial que pasó desapercibido entre tanto ajetreo post-electoral. Sin ascos Molano sostiene que lo que tiene trabado las discusiones en La Habana no es la política antidrogas como tal. Al gobierno y a las Farc no les trasnocha a fin de cuentas qué tanto se enfatice en sustitución y desarrollo agrario en vez de represión a los cultivadores de coca. O si la legalización deba ser una condición para la paz. Por eso no es que no despejan el punto en cuestión.Lo que realmente preocupa a las Farc, y con toda la razón del mundo, es el tema de la extradición. Según Molano la oferta del gobierno es la misma que Uribe le hizo a los paramilitares en el pasado proceso de Ralito. La promesa de que no firmará la extradición de quienes se sometan. Pero existe un precedente que no puede ser peor. Catorce jefes paramilitares fueron enviados en un avión de la DEA a cárceles norteamericanas.Santos, a pesar de todos sus errores y fracasos, sabe muy bien que la desmovilización de las Farc sería su consagración como presidente. No es cualquier cosa. Es el final del único grupo armado irregular que amenaza al estado central. Después del fin de las Farc el conflicto continuará pero será un asunto de someter a señores de la guerra en las regiones periféricas y a mafias que controlan economías informales y criminales en las ciudades.Preocupa entonces que tan importante propósito para el país se vea en ascuas por la incapacidad del gobierno de arreglar con EE. UU. una oferta que garantice a las Farc que la extradición de sus miembros no está siquiera en discusión. Y preocupa no solo porque puede echar al traste el proceso sino porque el asunto de las drogas tiene más importancia que todas las atrocidades cometidas en cincuenta años de guerra.El asunto no debería ser tanto que los jefes y miembros de las Farc respondan por las miles de hectáreas de coca cultivadas bajo su protección y las cientos de toneladas fabricadas en sus laboratorios. Lo apremiante debería ser que respondan por todos los secuestros, desapariciones, atentados y crímenes de lesa humanidad.Puede ser cierto que la represión del estado los haya obligado a tomar las armas, al igual que es cierto que Colombia es un país sumamente desigual. Sin duda las élites y el Estado nos deben muchas verdades. Pero eso no justifica hechos tan absurdos como secuestrar y luego expropiar a un pequeño ganadero de Puerto Berrio o asesinar a un colono, padre de siete hijos, que explotaba madera en San Luis por no pagar una vacuna. Eso solo por contar de lo que uno se entera en un taxi o un bus intermunicipal. ¿Acaso ellos eran legítimos enemigos de clase?Santos tiene además una coyuntura política propicia para reclamar la verdad a las Farc. El proceso de paz se realiza con un opuesto de su coalición política. No existe ningún incentivo para evitar que las Farc admitan sus verdades. Todo lo contrario a lo que pasó con los paramilitares que apenas amenazaron con contar la verdad fueron extraditados.Con los medios provistos por la justicia nacional es posible reclamar a la guerrilla que cuenten verdades tan obvias como su relación con miembros de ONG y de partidos de izquierda o como ejecutaron “planes pistolas” contra sus enemigos políticos para favorecer a la UP en elecciones locales. Para esas verdades no se necesita la amenaza de la extradición.