Decisión fatal

Muchos politólogos y analistas han señalado que existe una sobrerrepresentación en los cuerpos legislativos del Estado -Senado y Cámara- de las élites políticas regionales vinculadas a los intereses de terratenientes y de la ganadería. Tanta sobrerrepresentación explica por qué a lo largo de la historia reciente no se han llevado a cabo procesos redistributivos de la tierra y por qué no existe un catastro rural que permita hacer tributar a los grandes propietarios regionales.

Paradójicamente, los mismos politólogos y analistas no se han hecho la pregunta obvia que se desprende de esta situación: ¿Por qué si tenían tanta influencia en el Congreso no fueron capaces de reclamar una protección efectiva del Estado cuando las guerrillas incursionaron en las regiones y comenzaron a secuestrarlos y extorsionarlos?

En efecto, las élites regionales habían concentrado los medios de producción de riqueza, basadas principalmente en la ganadería, la agricultura y las rentas públicas, sin que les tocará aportar una proporción equivalente en la producción del presupuesto estatal. A cambio de tributar poco, dejaban que las élites políticas del centro manejaran el Gobierno desde Bogotá. De hecho, eran su base política para respaldar las decisiones de Gobierno desde el Congreso.

Pero a mediados de los 80 las élites regionales vieron cómo una serie de guerrillas amenazaron con destruir sus medios de vida y el orden establecido. Eran guerrillas que tenían un proyecto de guerra dirigido a la toma del poder nacional, lo que equivalía a tumbar al Estado central, reemplazarlo e imponer una sociedad comunista. No obstante, era un proyecto inviable. No disponían ni de los medios ni del mínimo respaldo popular para constituirse en un adversario militar frente al Estado.

Lo que sí podían hacer era convertirse en una fuerza capaz de controlar regiones periféricas y desde allí amenazar a las élites regionales. El secuestro, la extorsión y la expropiación a políticos, comerciantes, ganaderos, agricultores, terratenientes, etc., de ciudades intermedias y pueblos grandes, alcanzó tanta intensidad que algún tipo de medida había que tomar. No era solo la propiedad lo que estaba en juego sino su propia supervivencia física.

Al tiempo que se expandía la guerrilla surgía otro grupo social que iba a tener una incidencia determinante en el conflicto. Los narcotraficantes compraban la base de coca a las guerrillas en el sur del país e, incluso, le pagaban para que protegiera sus laboratorios. Pero en las regiones más integradas se convirtieron en víctimas del secuestro y la extorsión de las guerrillas. Como tenían los recursos, los arrestos para la guerra y el botín de territorios para traficar drogas, organizaron unos poderosos ejércitos privados que en el largo plazo conformarían las AUC.

Fue entonces que las élites regionales optaron por pagar a estos ejércitos por su protección. Pareciera que la decisión política que se tomó entonces fue que los ricos de las regiones, sobre todo quienes poseían tierras y rentas del Estado, continuaran sin pagar los impuestos correspondientes aunque sin recibir protección estatal. La solución era recurrir a ejércitos privados financiados por el narcotráfico.

Si bien la situación cambió mucho con Uribe, quien los hizo tributar más a cambio de protección, es una pregunta muy importante que no ha sido aclarada por los historiadores.

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