De la ciudad al campo

En sus inicios el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles en ciudades como Medellín y Cali. Desde lujosas casas y apartamentos se dirigían las operaciones de compra de base de coca en Bolivia y Perú, la fabricación de cocaína en las selvas del país, el transporte al norte y la repatriación de capitales.

El centro de toda una compleja estructura organizacional dedicada a un crimen transnacional, que era fuertemente perseguido por la principal potencia mundial, se encontraba situado justo al lado del Estado. Medellín y Cali lejos estaban de ser poblados aislados donde las instituciones y los aparatos de seguridad del Estado fueran solamente un asunto simbólico. Eran la segunda y la tercera ciudad del país y si en algún lugar había estado era allí.

Lo lógico era esperar que los jefes narcotraficantes sufrieran algún tipo de persecución estatal que hiciera inviable su negocio. En el largo plazo sería así, pero la supervivencia en el corto plazo de carteles ubicados en el mismo lugar que el Estado se explica por las estrategias que adoptaron. El cartel de Medellín respondió con violencia desde un inicio los intentos de represión del estado. Lo que llevaría a la desaparición de Pablo Escobar.

Por su parte el Cartel de Cali escogió mantener un perfil más bajo y comprar la clase política, incluyendo al menos a un presidente. La estrategia funcionó hasta que la presión de los Estados Unidos obligó a las autoridades colombianas, con todo y los sobornos, a desmantelar la organización.

Entonces se comenzó a hablar de los baby cartels, organizaciones fragmentadas, poco visibles, que evitaban la violencia y no tenían aspiraciones políticas. Algo de eso ocurrió. Pero la realidad era que el poder del narcotráfico había dado un giro de la ciudad al campo. El Cartel del Norte del Valle y los paramilitares, ambos localizados en ciudades intermedias y áreas rurales, se apoderaron de los centros de producción y de los corredores.

Utilizaron viejas prácticas y las llevaron a una nueva escala para quedarse con el control del negocio. Los escuadrones de sicarios se convirtieron en ejércitos privados capaces de expulsar a las guerrillas de regiones enteras y de ejercer como gobierno. Del Proceso 8000 se pasó a la parapolítica, alrededor de 100 congresistas fueron investigados por la Justicia.

Ante semejante desafío el Estado se vio obligado a reaccionar. Durante el gobierno de Uribe el Cartel del Norte del Valle sufrió golpes contundentes y los paramilitares se desmovilizaron en un polémico pero efectivo proceso de paz. Todo apuntaba a que el país había logrado neutralizar el poder del narcotráfico. La impresión era que ni los aparatos armados de los narcotraficantes, ni su influencia sobre la clase política, volvería a ser la sombra de lo que era. Y no lo fue, por eso se habla de Colombia como un caso exitoso.

Sin embargo, la paradoja es que hoy se puede estar exportando tanta cocaína como en las épocas doradas de Escobar. Los cultivos y la productividad por hectárea alcanzaron récords históricos. ¿Qué sucedió? Simplemente que el país aprendió a reducir a sus mínimos la amenaza política del narcotráfico: el negocio sigue vigente pero el poder que emana de las organizaciones que lo controlan se reduce progresivamente. Hasta el líder de la principal organización exportadora de drogas, relegado a zonas remotas, clama por un proceso de paz.

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