Civilización

Junio 30, 2017 - 11:55 p.m. Por: Gustavo Duncan

A pesar de ser un libro poco ortodoxo en sus formas El proceso de la civilización de Norbert Elías se convirtió en un clásico de la sociología. En su libro Elías desvela cómo los reyes convirtieron en cortesanos a los nobles de armadura y espada que antes eran los responsables de cuidar sus feudos y de defender el reino cuando estallaban las guerras. Sólo desarmando a los guerreros medievales mediante las cortes como herramienta civilizatoria, se pudo pasar de la anarquía del feudalismo a los Estados modernos.

A su modo, la política colombiana también ha experimentado un proceso civilizatorio en las últimas décadas. De una política basada en el uso de la violencia contra los competidores, bien sea a través de alianzas con paramilitares mafias y guerrillas o ejecutada directamente, se ha pasado a una política con niveles muy inferiores de agresión y de criminalización. No es un proceso consolidado, de hecho el asesinato de líderes sociales es tan frecuente que causa escalofríos la indolencia de la sociedad y del Estado, pero no es comparable a lo que ocurrió durante el exterminio de la UP o durante la parapolítica.

El caso es que ya no es tan común encontrar a lo largo de la geografía electoral a ejércitos privados que definen por la fuerza quién puede hacer campaña, quién no e incluso quién debe resultar ganador en la contienda. La libertad para participar en las elecciones es palpable en las campañas y en las jornadas de votación. Los distritos electorales impuestos a sangre y fuego en regiones como el Magdalena y el Cesar, o en el Magdalena Medio, o en la Orinoquía de las Farc, parecieran ser asuntos del pasado.

No obstante, el proceso civilizatorio ha sido costoso. Viejos vicios como la corrupción y el clientelismo han florecido aún más con la reducción de la violencia. Los costos de las campañas y en general del ejercicio cotidiano de la política, lejos de reducirse, se han incrementado. Es probable que narcotraficantes, contrabandistas y demás delincuentes que requieran protección de las autoridades civiles continúen pasando dineros bajo cuerda. Pero ya no son ellos los grandes financiadores.

Quienes están detrás de los políticos, sin saber muy bien si arriba o abajo, son los contratistas del Estado. Antes de las elecciones unos empresarios invierten en la clase política parte de los recursos que previamente han obtenido de contratos con el sector público. Si el político gana asignará a los empresarios los contratos que se ejecuten durante su mandato. Parte del dinero acabará en los bolsillos de ambos. Otra parte en los costos de las campañas para las siguientes elecciones.
Esa es la lógica económica actual de la política, desde Bogotá hasta las regiones. Lo bueno, quizá lo único bueno, es que la violencia ya no es parte de esa lógica en la mayor parte del país.

Aun así, quedan lugares donde no es claro que este proceso civilizatorio haya finalmente ocurrido. En La Guajira, por ejemplo, el hijo del exgobernador Kiko Gómez, recientemente condenado a 40 años por asesinato, quiere aspirar al senado. Será la oportunidad de saber si las nuevas generaciones dejaron atrás los métodos brutales y sangrientos de hacer política.

Queda además esperar que no ocurra como la Francia de 1789 donde el costo de la frivolidad de la corte de Luis XVI impidió atajar la revolución. Habrá que poner freno al saqueo de la contratación pública.

Sigue en Twitter @gusduncan

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