Bogotanos

Los políticos profesionales de provincia han cargado con la peor parte de la imagen pública sobre la corrupción en el país. Ser electo como gobernador, congresista o cualquier cargo relevante en Chocó, La Guajira, Sucre, Casanare, por solo citar a los sospechosos de siempre, es sinónimo de ánimo de lucro con dineros públicos. Hay buenos motivos para los prejuicios: niños muertos de hambre, carreteras inexistentes y acueductos sin una gota de agua potable no dejan lugar a indulgencias.Sin embargo, la corrupción en las provincias no puede llevar a suponer que el problema se reduce a la geografía de la clase política. La caricatura de políticos bogotanos decentes que por obra y gracia de las reglas del juego de la democracia deben transferir recursos y construir partidos con políticos regionales, que gobiernan como estadistas subsaharianos, es falsa del todo. Y solo contribuye a exculpar a quienes, en últimas, se quedan con la tajada más grande de la corrupción.La caricatura obedece en realidad a un problema de percepción. El tamaño del presupuesto que manejan los políticos de provincia es mucho más pequeño que aquel que manejan los políticos de Bogotá. Cualquier robo se nota inmediatamente porque equivale a gran parte de las obras y servicios públicos que luego son inexistentes o inacabados. Mientras tanto, cualquier político bogotano que se haga al 1% del contrato de una autopista 4G o de alguna compra nacional se hace inmensamente rico sin que siquiera se note el desvío de recursos, ni cambios apreciables en su fortuna personal.Pero más allá de la percepción está el hecho que la clase política bogotana sabe muy bien con quien está negociando en las regiones para ganar las elecciones nacionales y gobernar desde el estado central. ¿Acaso Samper no sabía que su coalición de gobierno estaba infiltrada por el Cartel de Cali, como él mismo también lo estaba? ¿Tampoco sabían Vargas Lleras y Santos quién era Kiko Gómez? Eso por solo citar un par de casos y no empezar a hablar de los Víctor Carranza de ocasión.No es cierto, de igual modo, que las alianzas con la corrupción de provincia sea el resultado de alianzas inevitables para obtener mayorías electorales. Es decir, que los políticos de Bogotá son prístinos pero se ven obligados a negociar el apoyo de gente untada, y a veces más que untada, solo porque los votantes en las regiones eligen a quien los compra y después los roba. Los bogotanos no son víctimas de las circunstancias sino sus principales beneficiarios.La prueba es que no existe ningún intento serio desde la clase política de Bogotá por acabar con candidaturas presidenciales fundadas en la negociación con bases políticas comprometidas a simple vista con la corrupción. Como tampoco existe ninguna intención de acabar con la tramitación de la agenda legislativa a punta de prebendas y favores a los congresistas, y de allí para abajo a todas las partes del sistema que desde las regiones se alimentan con los recursos públicos.La historia dice que la mermelada se la inventaron en un ministerio no en una ranchería, ni en un palafito, mucho menos en un hato. Si el país, ahora que entra en el postconflicto, quiere resolver el tema de la corrupción tiene que empezar con un compromiso de depuración desde la propia dirigencia política nacional, en particular desde los políticos bogotanos que siempre han posado como los decentes del paseo.Sigue en Twitter @gusduncan