Bandidos legales

Agosto 24, 2013 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

La adquisición de baldíos mediante maniobras jurídicas de personajes cercanos a la Presidencia es la reiteración de una práctica común en Colombia y en el mundo. La del uso de las posiciones de poder político en una sociedad para obtener beneficios económicos. Sin importar qué tan desarrollado e incluso qué tanta cultura de respeto por las leyes exista, el poder es un medio potencial de acumulación de riqueza.Las diferencias están más bien en los modos. No es igual como aprovechan el poder para enriquecerse los gobernantes de los países atrasados, los regímenes autoritarios y las regiones pobres a como lo hacen en las democracias avanzadas y en las grandes metrópolis. Los montos que se apropian, así como la forma como justifican ante sus gobernados la apropiación privada de la riqueza pública, varían sustancialmente.En países y regiones atrasadas la cantidad de recursos disponibles está limitada por el mismo tamaño de la economía. Simplemente hay poco que robar. El bocado tiene que ser muy grande para que valga la pena. Muchas veces el gobernante no se apropia de una comisión sino de la obra entera. Tragan sin masticar. El caso de la carretera a Quibdó es diciente. Se ha pagado varias veces y el asfalto no existe.La ausencia de una sociedad civil con dientes suficientes para vigilar a sus gobernantes facilita esta forma de apropiación de riqueza. En algunos casos el uso de la fuerza evita que los gobernantes tengan la molestia de guardar las apariencias. Duvalier en Haití usaba la banca central como si fuera su cuenta corriente y cualquiera que protestara recibía un tratamiento de sus matones, los tonton macoutes. La gente estaba tan aterrorizada que no tenía tiempo para indignarse.El resultado es además que los gobernantes no están preocupados que sus modos de enriquecimiento coincidan con los intereses sociales y con el desarrollo económico. Todo lo contrario de los gobernantes del mundo desarrollado. Las multinacionales petroleras, por ejemplo, suelen hacer generosas contribuciones -legales e ilegales- a la clase política de EE. UU. A cambio los políticos están pendientes que sus intereses en el mundo estén respaldado por la presión militar y política del gobierno norteamericano. Lo que en últimas favorece a la ciudadanía en general que vive en un país con combustible barato y mayores recursos.A diferencia de los robos descarados de los políticos del subdesarrollo, el lobby en el primer mundo apenas toca la raya de lo que es un delito. La discusión en la sociedad no es si es legal o no. Es si es ético o no. Cada clase gobernante se enriquece como puede, con sus respectivos efectos sociales.En ese orden de ideas el caso Urrutia es un síntoma de la diferencia regional tan extrema que existe en Colombia. Hasta en su clase gobernante hay formas bastantes distintas de enriquecimiento. Mientras quienes detentan el poder en Bogotá se pueden enriquecer como cualquier burócrata influyente del primer mundo, sin necesidad de cometer un delito o ‘siendo un bandido legal’, en provincia el gobernante para enriquecerse necesita enlodarse hasta el descaro, sin vergüenzas para amenazar e incluso matar a quien se atraviese.Quizá sea esta la razón por la que causa tanto repudio Samuel Moreno. Un alcalde de Bogotá quiso enriquecerse como si fuera dictador de una república bananera o alcalde de un pueblito petrolero de tierra caliente.

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