Ambigüedades

Octubre 29, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Duncan

El uribismo ha hecho del tema agrario uno de los argumentos para reclamar cambios en los acuerdos de paz. Sin embargo, las propuestas planteadas han sido vagas si se compara con sus apreciaciones en otros temas como, por ejemplo, el castigo y la elegibilidad política de los mandos guerrilleros.Uribe ha dicho que “el énfasis que se le quiera dar a la economía campesina, familiar y comunitaria” no debe ir en contra de la propiedad privada y el apoyo a la agroindustria. También ha dicho que se debe respetar el libre mercado, a los compradores de tierra de buena fe y que no es cierto que en Colombia no se pague predial (señaló que el catastro rural pasó de recolectar $32 billones en 2002 a $157 en 2015).Son vagas estas afirmaciones porque enumeran tan sólo principios. No se enfrascan en cambios concretos a los puntos acordados. Y son vagas, además, porque eluden el debate de fondo al reducir la discusión a aspectos muy generales del problema. Es un lenguaje convenientemente ambiguo para no afrontar lo sustantivo del tema.En principio, el asunto es simple. La inequidad en la distribución de la tierra en Colombia es escandalosa. Bate marcas mundiales. Eso no es todo, la mayoría de los latifundios son utilizados en actividades poco productivas y con escasa generación de empleo como la ganadería. En algunos casos el negocio es simplemente especular con su valorización.La solución sería entonces implementar esquemas de compra de tierras y expropiación de propiedades adquiridas por medios criminales para repartirla entre los campesinos. Pero la cosa se complica cuando se ahonda en otras variables. La redistribución no garantiza que los campesinos logren producir suficientes ingresos para superar la pobreza. Sin infraestructura, crédito, tecnología, etc., la inclusión en los mercados no deja de ser una quimera.De hecho, en las últimas décadas el país ha logrado avanzar mucho en la reducción de la pobreza rural a punta de asistencialismo. Lo que no ha logrado es una inserción productiva del campo. Y si bien gran parte de la responsabilidad es de la baja productividad del latifundio ganadero, también es verdad que la agroindustria en grandes extensiones es la modalidad más eficiente en términos de generación de ingresos, empleo y encadenamientos con otras ramas de la economía.El tema central es entonces gravar con altos impuestos a quienes subutilicen las grandes propiedades e incentivar a los empresarios que invierten eficientemente en el campo. Algo de eso hay en los acuerdos. La actualización del catastro, de modo que por fin el estado sepa y pueda garantizar los títulos de todos los propietarios del país es indispensable. De ese modo las tasas de tributación podrían ser un obstáculo para aquellos latifundistas que sólo les interesa vivir de la renta de la tierra.Esa es la distinción sustantiva que el uribismo, -y paradójicamente la propia izquierda- no ha querido hacer: entre los grandes propietarios rentistas y los verdaderamente empresariales. De seguro es entre los primeros donde se encuentran las conspiraciones para despojar pequeños y también grandes propietarios a través de métodos violentos. Así culpar a empresas como Argos genere más réditos políticos, la apropiación de las rentas de la tierra -sea ilegal o tan sólo socialmente injusta- viene de otra parte.Y ese es el debate que ningún político ha sabido plantear al uribismo.Sigue en Twitter @gusduncan

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