¿Una legislatura imposible?

La legislatura que empezó el 20 de julio es posiblemente una de las más importantes que haya enfrentado el país en décadas y una de las más difíciles por el entorno nacional e internacional en que tiene lugar.

Por un lado, hay que sacar adelante las herramientas legales para proteger la reactivación económica post pandemia, lo que exige una capacidad de concertación única y, por otro lado, la mitad de esa legislatura entra en los inicios de un año electoral en el que los partidos y los políticos verán mucho más rentable electoralmente desmarcarse de un gobierno que nació débil porque la alianza política que ganó la presidencia en segunda vuelta no se reflejó en una alianza parlamentaria en el Congreso. El tipo de sociedad y la intensidad del conflicto social que deje la pandemia en Colombia pueden estar definiéndose en el escenario del parlamento, porque no hay que hacerse ilusiones, la crisis es social y económica, de muy hondo calado y será conflictiva, solo podremos determinar su grado de manera muy temporal.

El resultado de una legislatura en un gobierno que no tiene una mayoría de oposición en el Congreso, es un problema de relación con las fuerzas parlamentarias que forman la alianza de gobierno y son independientes. Es decir, un asunto del Presidente y de sus ministros.

Mucho más cuando las iniciativas tienen que venir del gobierno porque involucran políticas públicas que deberían reflejar una visión de Estado: cómo se define, se enfrenta y se resuelve lo pensional, tributario, fiscal, educativo, presupuestal y Justicia. Independientemente de quién esté al mando o qué ideología represente, es responsabilidad del gobierno sacar adelante ese tipo de iniciativas.

El proceso electoral de 2018 tuvo dos momentos: en marzo las parlamentarias en las que la representación quedó muy dividida entre de 5 partidos potencialmente de gobierno cada uno con entre el 10% y el 16% y una serie de partidos de oposición, alternativos o de izquierda que sumados eran el 16% de la bancada. Luego, en mayo, la elección presidencial dejó elegido a Iván Duque por una alianza de centro derecha que ganó con un margen nada despreciable de 13 puntos, ayudado por partidos que para efectos parlamentarios se declararon independientes como el Liberal y Cambio Radical. El nuevo gobierno quedó en un predicamento de haber sido elegido por partidos que no todos lo acompañaban parlamentariamente y para cualquier proyecto el Presidente necesitaría negociar individualmente con Cambio Radical o con el Partido Liberal.

Ese escenario es ahora más complicado, porque la pandemia tiene los exacerbados factores que dieron lugar a las protestas de noviembre. Las familias endeudadas, la pequeña empresa quebrada, el sistema de salud desnudo en todas sus llagas, la educación mostrando sus huesos. La gente no está para que le metan más impuestos, pero el Estado necesita financiar una nómina enorme que se ha vuelto clave para la estabilidad económica de las familias que tienen algún miembro con un empleo público o un contrato de prestación de servicios.

Pero la nómina pública también es esencial para los políticos que arrancan campaña. Entonces, ¿a dónde va a apretar para financiar un Estado que es una necesidad vital a la vez de las familias y de los políticos?

Todos empiezan a hacer rugir sus motores. Germán Vargas no desaprovecha artículo de prensa para recordarnos lo bien que él lo habría hecho si lo hubieran elegido y Marta Lucía Ramírez lo impertinente y desleal que puede ser para perseguir una vez más una candidatura presidencial.

¿Dónde estarán los arquitectos del consenso?