Todo lo que digas…

Las palabras del director de la Dian sobre la legalización de la cocaína y cobrar impuestos nacionales a no se sabe qué, si la producción, la exportación o el consumo, revelan lo difícil que ha sido la adaptación de los funcionarios del gobierno a las responsabilidades de sus nuevos cargos. Dificultad que afecta a casi toda la administración empezando por el propio presidente de la República que desata tormentas no tanto por lo que hace como por lo que propone.

Solo han pasado dos meses y para la ejecución de los planes de gobierno falta mucho tiempo; llevarlos a cabo requiere primero de unas reformas legales que a su vez dependen de que haya plata, para lo que se necesita la reforma tributaria. Por eso es inaudito que los funcionarios se enreden en polémicas innecesarias, inoportunas e inconvenientes que deterioran la coalición de gobierno donde no todos están dispuestos a acarrear con la carga política de tanto progresismo. Ya dicen que César Gaviria trazó una línea roja en relación con la carga tributaria a los hidrocarburos, parte esencial de la agenda presidencial.

Hay una diferencia central entre estar en campaña y ser gobernante: casi nada de lo que digan en campaña estremece mercados, ni crea inestabilidad, solo se presta a discusiones más o menos ácidas, pero sin trascendencia más allá del posicionamiento electoral. No son mandatarios, son políticos en competencia.

Pero cuando un candidato es elegido mandatario, debe hacer una transición rápida para dejar de plantear debates propios de campaña porque como administradores todo lo que digan tiene efecto en los mercados y crea inestabilidad. Los mercados ya no son neutrales ni indiferentes y los efectos son más graves y duraderos precisamente porque quien actúa de esa manera no hace parte de ninguna campaña en trance de ganar elecciones, sino que son administradores que pueden tomar decisiones como no otorgar más contratos de exploración, crear condiciones laborales más rígidas, no extraditar narcotraficantes, desactivar el Esmad, decidir pagar tierra con TES, imponer restricciones administrativas a la salida de capitales.

Que esas medidas tengan base legal o no será otra cosa, pero la verdad es que en un país presidencialista como Colombia esas decisiones realmente pueden tomarse y mantenerse vigentes hasta que algún recurso legal las paralice o las derogue. Mientras tanto lo que se dice, puede hacerse y toda la discusión se traslada a si es conveniente o no, los jueces hablarán meses después, con suerte.

Parte del ejercicio presidencial es dirigir el equipo de gobierno, lo que podría resumirse en que el presidente oriente a los funcionarios directamente bajo su responsabilidad hagan bien lo que les corresponde y no se metan en lo que no les toca, aplicando el principio ‘cada loro en su estaca’. Otra parte es que el gobierno es fundamentalmente para ejecutar programas estratégicos y no para crear salas de lluvias de ideas.
Invitar a debatir no es exactamente mandar y como dice el propio presidente, el tiempo es limitado y no puede ahorrarse, solo usarse mal o bien.

Van dos meses de mucha discusión promovida por quienes Engels llamaba “pedantes eclécticos aficionados a sutilezas”. Algunas de ellas puro ejercicio mental como el decrecimiento y otras francamente irreales porque dependen absolutamente de la decisión de otros, especialmente Estados Unidos, como la legalización de la cocaína y drogas sintéticas. ¿O la idea es legalizar contra la voluntad de los americanos?

Un amigo rompía los silencios incómodos cuando en las reuniones se agotaba el tema y no se encontraba otro, preguntando: ¿Es Colombia un país viable? Y la fiesta se animaba.