Si no es indulto, ¿qué es?

Le quedó bien adornada la declaración al Ministro del Interior cuando dijo que lo de los Primera Línea no era amnistía, ni indulto, ni perdón, sino “una medida simplemente transitoria” para “los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la Justicia”. Sin pompa y prosopopeya, se trata de liberar personas detenidas (censuradas) por delitos (comportamientos) cometidos en el curso del paro nacional de 2021 y se conviertan en “gestores de paz” que así no cumplirán la “censura”.

Así se abrió un debate nacional, algo muy del agrado de un gobierno que más que todo debate. Los perdones del Ejecutivo existen en Colombia hace años y en el mundo son bastante normales como una facultad de los presidentes por mera discrecionalidad y sin control judicial. Pero acá, por andar tejiendo eufemismos, terminaron enredando las cosas y prendiendo las máquinas del choque de trenes con los jueces y la fiscalía.

Como digo, los perdones presidenciales discrecionales son comunes en el mundo. En Estados Unidos son parte de los cierres de año y hay para todos: asesinos, espías, rebeldes separatistas portorriqueños, corruptos, estafadores, narcotraficantes y pedófilos. Nadie se pone a polemizar sobre la facultad sino más bien a quienes se beneficia. Trump perdonó aliados políticos condenados por obstruir las investigaciones alrededor de su campaña presidencial. Biden la sacó del estadio hace dos meses perdonando a los sobrinos de Nicolás Maduro condenados por narcotráfico. Jimmy Carter perdonó a un pedófilo.

En Colombia se han aplicado mecanismos similares desde hace años a personas que inclusive no alcanzan para el indulto, limitado a los delitos políticos. Elda Neyis Mosquera, alias Karina, la ex guerrillera de las Farc que aterrorizó Antioquia con su crueldad, fue liberada para que fuera, qué coincidencia, gestora de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien dio una explicación sencilla: estaba de por medio la palabra del presidente.

Desde el día uno Petro dijo que la fiscalía y los jueces debían liberar a los miembros de la Primera Línea porque eran presos por haber ejercido el derecho a la protesta. La réplica de los jueces fue que se limitan a cumplir la ley. El fiscal general dijo que si a Petro no le parecía la ley, que la cambiara.

La verdad es que el problema es tanto de la ley como de los jueces. En los últimos 50 años el Congreso se ha dedicado a legislar para anular el delito político; pero también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha calificado como terrorismo y concierto para delinquir una cantidad de hechos que antes encajaban en las descripciones de delitos políticos de rebelión, sedición y asonada. En el paro nacional de 2021 hubo violencia; decir si esa violencia fue terrorismo, o sedición o asonada, es una interpretación de los jueces a partir de la ley y la jurisprudencia, pues todos esos delitos involucran violencia. Contrario a lo que piensan, los jueces no están por fuera de la solución, ni se trata solo de cambiar la ley, evidentemente hay un problema y el gobierno debe decidir cómo lo enfrenta.

El tema es serio y exige carácter, porque se trata de cumplir la palabra. Lo absurdo es que la pita reviente por lo más delgado, la jueza que tomó una decisión aplicando las normas confusas y mal redactadas del Ejecutivo. No puede ser que cuando los jueces empiecen a negar las libertades por miedo al riesgo legal que corren, les echen la culpa del fracaso de una política mal diseñada y peor explicada.