No más jueces

Un fantasma recorre Colombia, la reforma judicial ‘integral’. Ahora, por las reformas que el gobierno necesita para su proyecto de paz total, estamos discutiendo si el problema de la administración de justicia se resuelve con más financiación, o mejor otros mecanismos como la reducción del nivel de litigiosidad de la sociedad, eliminando tipos penales del corpulento Código Penal, o trazando líneas rojas para cerrar las discusiones legales.

Obviamente la balanza se ha inclinado hacia más plata y más funcionarios, solución que le fascina al sistema de justicia que incluye la Fiscalía General de la Nación. Menos acogida tienen soluciones como organizar el código penal para eliminar como delitos comportamientos que tienen poca trascendencia social, por ejemplo la alteración de mojones, o ante los que lo penal es ineficaz comparado con mecanismos administrativos como la inasistencia alimentaria, o descripciones redundantes que se crearon en algún episodio de populismo legislativo como el hurto por medios informáticos, o que son tan abstractos que están convirtiéndose en mecanismos de presión para resolver disputas entre socios y administradores como la administración desleal.

Dicen las noticias que el Ministerio de Justicia tiene un proyecto para racionalizar el absurdo técnico en que se ha convertido el código penal.
Ojalá tenga el alcance y fondo para volver a algo similar al virtuoso código de 1980 y la modernización de 2000, porque después solo ha habido dislates como el hurto por medios informáticos que parece un chiste malo: “El que cometa la conducta del artículo 239 incurrirá en la pena del artículo 240”, si usa un mecanismo tecnológico. O la locura de sacarle 10 variantes a un artículo que no consagra ninguna conducta penal sino los efectos de la reparación patrimonial.

Hace décadas la justicia era llamada ‘La cenicienta del poder público’ y era verdad. Pero en las últimas décadas se fortaleció con recursos, burocracia y modernización tecnológica e infraestructura. La rama judicial pasó a tener funcionarios bastante bien remunerados y una infraestructura mejor que la que le damos a la educación pública.

Pero cada vez que sucede algo desagradable en la justicia, sea la captura un reincidente o el ‘error’ en un fallo que pasó de 14 billones a 18 mil millones, la solución es: más jueces, más plata. Un periodista decía acongojado “sin jueces no hay justicia”.

El problema es que en Colombia hay muchos jueces y muchos funcionarios relacionados con el sistema de justicia, pero la congestión sigue siendo el peor índice del sistema, porque no ha servido ninguna solución basada en ampliación de la burocracia, sean más jueces, jornadas de descongestión o provisionalidades con ese fin. Tampoco ha servido tirar el problema debajo de la alfombra cargándole a los ‘usuarios’ o a los procesados las consecuencias de la mala administración de justicia, ampliando los términos de prescripción o de libertad con la excusa de una supuesta complejidad.

Como usuario creo que mucho tiene que ver con la correcta administración, la ética laboral y que los vicios son reforzados por el mismo sistema. Eso lleva a cosas como que los fiscales crean que no están obligados a respetar un término para responder una solicitud, o que funcionarios que sí quieren trabajar deban dar razones extensísimas para decisiones simples.

La congestión judicial es una violación del derecho de acceso a la justicia de la gente, que sufre las consecuencias reales de no obtener una decisión final oportuna. Insistir en alimentar una burocracia frondosa y poderosa que se protege a sí misma, trasladará el problema al futuro, sin resolverlo, solo escondiéndolo.