La tutela: sin dios ni ley

En un país atrapado en las normas y los procedimientos, inclinado a buscarle problemas legales a todo, afectando el acceso a la Justicia, tenía sentido consagrar constitucionalmente la acción de tutela. La norma que la creó no es un dechado de virtudes gramaticales, pero es suficiente: busca proteger derechos fundamentales en un proceso excepcional que podía extenderse a particulares cuando hubiera indefensión o subordinación del demandante.

Muy rápido el magnífico instrumento empezó a perder su esencia en manos de los jueces llamados a protegerlo. La indefensión dejó de ser una condición y empezaron las tutelas entre poderosos: Julio Mario Santo Domingo contra la revista Semana (Felipe López) en 1996, para sacarse el clavo de otra tutela que Felipe López le puso a la revista Cromos (Santo Domingo) en 1992. ¿Cuál era el indefenso?

También influyó la ampliación a derechos no fundamentales con la abstrusa tesis de su trascendencia hacia derechos fundamentales: como el ambiente respecto de la vida. Así se reforzó el abuso político de la tutela, para emplearla para definir políticas generales como fumigar o no fumigar con glifosato los cultivos de coca. Un ilustre constitucionalista (Juan Manuel Charry) la usó para frenar las marchas del año pasado, algo que le criticó con razón otro ilustre constitucionalista (Rodrigo Uprimny) que la ha abusado para imponer políticas contra el cambio climático.

Al perder sus condiciones esenciales la tutela se corrompió como instrumento legal y con ella la justicia constitucional misma. Por las fisuras que se abrieron desde la misma Corte Constitucional que no frenó el uso descarado de la tutela para propósitos ajenos a ella, se colaron intereses económicos enormes. La triste historia de Fidupetrol y el desprestigio en que sumió a la Corte tiene su raíz en ese fenómeno.

La semana pasada ilustra bien el desastre. Una tutela buscaba prohibir al presidente Iván Duque hablar del proceso contra Álvaro Uribe, porque violaba los derechos a la igualdad y al debido proceso del ignoto accionante. Otra pretendía impedir la presencia de asesores militares norteamericanos, algo propio del control político; la tutela fue interpuesta por 8 senadores de oposición incluidos Iván Cepeda que logró la detención de Uribe, y Guillermo García Realpe famoso porque si no lo frenan sus compañeros de Senado le hubiera dado a Uribe una muestra del arrojo pastuso que hizo llorar a Bolívar en Bomboná.

La tutela usada por multinacionales alegando violaciones al debido proceso para resolver pleitos de plata, por poderosos dueños de medios para restañar las heridas en su vanidad lacerada recíprocamente, por congresistas para ganar en los juzgados lo que no lograron en el control político o para que se levante la reserva sumarial de un caso y ambientalistas para lograr definiciones de política pública necesarias para la protección ambiental torciendo la teoría para volver en fundamentales derechos colectivos. Ya sirve hasta para decidir la naturaleza laica del Estado, la separación de poderes y las funciones presidenciales.

Hablar de reformar la tutela es un tabú peligroso en ciertos escenarios, precisamente donde más han propiciado su abuso. Pero cada vez que veo tutelas de un político o un periodista contra otro, al oso Chucho con hábeas corpus y al río Magdalena declarado sujeto de derechos más claro veo el grave problema por resolver.

Los protagonistas del abuso de la tutela son personajes que deberían pensar en que la Justicia dedicada a decidir tutelas en pleitos ajenos a su naturaleza, la aleja de los verdaderos destinatarios de su consagración en 1991: los desposeídos y sin poder. Quienes debían defenderla y preservarla, los jueces, propiciaron su corrupción en favor de los poderosos.