¿Dónde está el abogado?

Con la cancelación de las órdenes de captura a los miembros de los combos delincuenciales que harán parte de la paz total la cosa quedó en una preocupante mostrada de dientes entre la Fiscalía y el Gobierno, en la que los del fiscal Francisco Barbosa se veían peligrosamente afilados. En la polémica, el Ministro de Justicia replegó sus banderas para pensar una solución jurídicamente más segura, mientras que el de Defensa que es quien por su trayectoria mejor podía orientar al gobierno, se refugió cómodamente en el escándalo que le armaron en Guatemala para evitar meterse en el escenario perdedor de defender los errores jurídicos de la Casa de Nariño.

Porque allá es donde todo debería empezar bien, pero empieza mal porque el ignoto que ocupa el cargo de Secretario Jurídico no da la talla. Entonces el gobierno comete errores de principiante que luego le cuestan enormidades empezando por su credibilidad y la tranquilidad que debería transmitir hacia el público.

El primer descache del doctor Vladimir Fernández, ‘Vladi’, fue dejar pasar que a Cesar Ferrari, un peruano que es colombiano por adopción lo nombraran director del DNP, que legalmente debe ser para un colombiano por nacimiento. Es decir no se verificó lo más elemental para siquiera ofrecerle el cargo. Cuando se vino la polémica, en vez de controlar el daño causado y corregirlo, la línea fue insistir en la tontería diciendo que si bien la ley traía esa condición, el manual de funciones del DNP solo ponía como requisito la edad. Por decir que un manual interno tiene más peso que una ley rajarían a cualquiera en la facultad de derecho más palurda. Conozco personas que les dio por “servir al país” y han terminados presas por no saber que un decreto no vale más que una ley.

Otra perla es la de no haber definido claramente quién era el juez competente ante las ordenes de libertad a los primera línea, con lo que el comisionado de paz las envía a los jueces de conocimiento, que entienden que eso es competencia de los jueces de garantías. Confusión que se origina en la oscuridad de lo que se quiere instrumentar, que el ministro del interior dice que no es ni amnistía, ni indulto, ni perdón sino algo parecido y todo lo contrario.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia tiene entre sus funciones asegurar la base legal de los decretos, resoluciones y directivas presidenciales, y asesorar al presidente, la Vicepresidente, los miembros del consejo de ministros. Es decir, todos los temas legalmente relevantes del gobierno primero pasan por sus manos.

Ese cargo casi siempre lo han ejercido personas de mucho peso. Juan Manuel Santos tuvo a Cristina Pardo que hoy es magistrada de la Corte Constitucional, pero han sido secretarios jurídicos Jaime Castro, Jaime Arrubla, Jaime Vidal Perdomo y Jorge Humberto Botero. El más recordado tal vez es Guillermo Salah Zuleta, quien sirvió a tres presidentes. Todos ellos unos pesos pesados del derecho que evitaban que el gobierno cometiera errores o si se trataba de decisiones de sí o sí del presidente, tenían condiciones para defenderlo así a la larga perdieran.

Por eso, la pequeña constituyente, la séptima papeleta, el restablecimiento de la extradición y muchas otras cosas más de enorme importancia para los gobiernos, no empezaban naufragando desde la misma presidencia por estar diseñadas chapuceramente.

A finales de este año el presidente debe enviar a la Corte Suprema la terna para fiscal general. Dicen que Petro mandará reteñido el nombre doctor Vladi. Si así fuera y ganara, no será un concurso de méritos.