Aborto

En pocas semanas la Corte Constitucional decidirá si vuelve a penalizar el aborto en las tres causales reconocidas en la sentencia de 2006, o si las mantiene; se dice que el magistrado Alejandro Linares propondría una sentencia que despenalizaría totalmente el aborto practicado en las primeras 12 semanas, con lo que Colombia daría un paso enorme para resolver un problema gravísimo de salud pública, que incide en la espiral de pobreza de las familias y desconoce el derecho de opción de la mujer sobre su embarazo, llevándola a una cruel encrucijada existencial. Sería la decisión compatible con nuestra condición de Estado laico, pues la criminalización del aborto tiene todo que ver con la camándula y muy poco con la ciencia o la salud pública.

Empecemos porque la criminalización es una burla al sistema de Justicia. Según la Fiscalía General de la Nación en los últimos 20 años se han denunciado 5800 casos de aborto, 290 por año. De esa cifra el 75% se ha archivado y del restante 25%, solo hay un 0,7% de casos en juicio. Teniendo en cuenta los casi doscientos mil abortos anuales, es obvio que la bajísima tasa de denuncia indica que la sociedad no acepta que la solución sea mandar a las mujeres que abortan a la cárcel.

En cambio, sí es un problema de salud pública, porque de manera diametralmente opuesta a la denuncia, están las muertes e infecciones por abortos practicados clandestinamente porque las mujeres sólo pueden hacerlo cuando son sometidas a decidir en tres eventos si quieren mantener su embarazo, acentuando la crueldad precedente de haber sido violadas o enteradas de una malformación del feto o de un riesgo a su vida o la de ellas. Nunca he entendido qué argumento moral o religioso es compatible añadiéndole agravio al agravio.

Y viene el problema de la cadena de pobreza ligada al embarazo no deseado que justifica el acceso al aborto terapéutico en cualquier evento como propondría el magistrado Linares. Las mismas estadísticas de la fiscalía dicen que la mayoría de los abortos son de mujeres pobres, sin empleo, amas de casa o de servicio doméstico. Muchas son jóvenes, la mayor parte de las involucradas en los casos penales son menores de edad. En las barriadas de Cali es fácil ver niñas cargando bebés, o padres desempleados y abuelos que asumen la crianza para mantener a las niñas escolarizadas. Y la escena se repite en Soledad o Barranquilla, Bogotá o Soacha, Medellín o Envigado, con el factor común de la miseria entrelazando la tragedia.

La sentencia de 2006 fue un paso pequeño en el camino correcto. El ataque de hoy busca quitarle a las mujeres el derecho a abortar en tres eventos que casi nadie niega que sean moralmente válidos, con el argumento hipócrita que padecen sicológica y físicamente luego de abortar, entonces quieren protegerlas de la depresión obligándolas a mantener un embarazo resultado de una violación o desarrollar su maternidad a sabiendas de una malformación del feto. Sé que hay casos de mujeres en los que el amor se sobrepone a semejante carga emocional y aman a sus hijos en esas condiciones. Pero son eventos excepcionales, casos extremos que no sirven como regla general, que es la opuesta. El derecho no debería meterse en la intimidad de una decisión tan cruzada de dolor sino dejar a las mujeres decidir sin las constricciones de la amenaza legal, cuando seguramente muchas de ellas tienen que lidiar con la censura de su propia fe. No encuentran alivio por ningún lado, el Estado no puede ser el que las agobie más en la penuria que ya viven.