Un tema crucial

Una columna periodística de Daniel Coronell sacó a la luz el tema de la corrupción en la contratación pública, poniendo como ejemplo las actividades empresariales del actual Ministro de Transporte Miguel Peñaloza.De acuerdo con un editorial del periódico El Espectador “Las denuncias sostienen que esta firma (del Ministro), llamada PYG, maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades públicas. Todos estos contratos fueron otorgados por la época en que Peñaloza se desempeñaba como consejero presidencial de Álvaro Uribe Vélez”.El asunto es bastante escandaloso, pues Juan Manuel Santos estuvo a punto de perder la presidencia en virtud de que la ciudadanía se movilizó contra “el todo vale” otorgando un amplio respaldo a Antanas Mockus, que él mismo se encargó de dilapidar. El caso del Ministro de Transporte es una piedra de toque, pues pone a prueba la sinceridad presidencial en este tema crucial.La propuesta del Presidente para que este asunto “lo defina el Procurador” no me parece acertada, pues se trata de una materia en la que la ley puede encubrir el más descarado tráfico de influencias. Como lo observó en su momento Transparencia Internacional, al evaluar el caso de los primos Nule, lo más grave de la corrupción en la contratación pública en nuestro país es que se produce sin que se quebranten los procedimientos legales.Lo que hay por delante es una cuestión de principios: ¿Existe un límite ético en la función pública que va más allá de la ley? O mejor, ¿hay ética en la política? Al respecto no se me olvida la desvergüenza del entonces ministro de Hacienda durante la administración Uribe, Oscar Iván Zuluaga, en el debate sobre los negocios de los “hijos del Ejecutivo”, cuando afirmó, a toda voz, que “la ley es el límite ético de los funcionarios públicos”.Con ello olvidaba los principios de su propio partido, pues Miguel Antonio Caro y Laureano Gómez le hubieran replicado airados que “la moral es la guía superior de la función pública”. Un marxista auténtico habría recordado que “la legitimidad de los fines no puede justificar el empleo de medios antiéticos”. Y un jurista liberal le repostaría: “Ética y legalidad no son lo mismo. La mejor prueba la tenemos en lo que está sucediendo últimamente en los mercados financieros: especuladores sin escrúpulos que cumplen con la ley pero que, al mismo tiempo, hunden empresas e incluso familias. ¿Es eso ético? Para nada. El que confunde derecho con hacer todo lo que no está prohibido está buscando una interpretación interesada de la moralidad”.Igualar ética y legalidad nos retrotrae a las épocas, no tan lejanas del “todo vale”, y es una demostración de que los dirigentes políticos no quieren aprender las lecciones que le ha dado la ciudadanía. Sólo reaccionan cuando la indignación colectiva amenaza con sacarlos de los escenarios de poder, o cuando están a punto de meterlos a la cárcel por sus actuaciones perversas.Lo que suceda con este caso será un punto de partida para que la comunidad sepa a qué atenerse con respecto a la dirigencia política del país. Y cómo debemos actuar a futuro, después de que a los parlamentarios que aprobaron la tramposa reforma a la justicia se les revoque el mandato.