Los negocios y el Estado

Los negocios y el Estado

Enero 20, 2014 - 12:00 a.m. Por: Germán Patiño

Un buen ejemplo del predominio del interés particular sobre el general es lo que sucede con la renovación de las licencias de conducción.Este es un caso en el que la corrupción proviene del más alto nivel del Estado coludido con particulares ambiciosos. Las largas colas y los múltiples inconvenientes sufridos por los ciudadanos, obligados a un procedimiento discutible, no son causadas por los funcionarios públicos del nivel municipal quienes, como a muchos nos consta, han sido diligentes y serviciales, sino por el afán de enriquecimiento de quienes contrataron el diseño y aplicación del Registro Único Nacional de Tránsito -Runt- y los altos funcionarios estatales que permitieron e incluso alentaron aquel contrato lleno de irregularidades. Lo cierto es que el Runt estuvo rodeado de sospechas desde el principio y nunca ha funcionado como se prometió.La operación del Runt fue entregada en concesión por 12 años a un consorcio de empresas privadas y particulares, a partir de 2007, con una operación original de $40.000 millones. Sin embargo, buena parte de los ganadores cedieron el 49% del contrato a uno de los grupos perdedores, en una operación en extremo sospechosa, por lo que los socios del sistema pasaron de los cinco originales a seis en la actualidad.¿Quiénes son? Se trata de las firmas bogotanas Heinsohn Business Technology y Tecnología S.A.; las antioqueñas Quipux y Taborda Vélez y Compañía -el perdedor que compró-; e Intelred. La estructura la complementa el contratista y exfuncionario público Juan David Ángel.Desde el comienzo el sistema falló. Informaciones de la Red Independiente en 2008 señalaban que “La ineficacia del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, que se creó teóricamente para simplificar todos los trámites automotrices, dejó a miles sin navidad… Y no hay buenos augurios para año nuevo… Los distribuidores de carros aseguran que hasta el momento sus pérdidas se calculan en $300 mil millones”.De acuerdo con la revista Semana, la primer gerente del Runt, María Elvira Pérez Franco, era una exfuncionaria pública indelicada, que fue sancionada en dos ocasiones e inhabilitada para ocupar cargos públicos, lo que demuestra la ligereza con la que los contratistas se tomaron su obligación. El interventor, a su vez, pertenecía al grupo de los primos Nule, como lo reconoció la Ministra de Transporte.Caracol, a los 6 meses de iniciado el contrato, informaba que “La Contraloría General de la República encontró un detrimento patrimonial por $7.820 millones en el contrato del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt”. El ente de control halló, entre otras irregularidades, que el contrato del Runt arrancó sin acta de inició, lo que constituye una grave irregularidad. Por esta razón, la Contraloría decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exministro Andrés Uriel Gallego. ¿Qué ha pasado con ese proceso?Lo que mal comienza, mal termina. Y así sigue siendo hoy, pese a todas las denuncias. Peor, luego del viacrucis, el ciudadano que logra llegar hasta la casilla donde debe pagar por la nueva licencia, encuentra en la factura que parte de lo depositado es un recaudo que el Estado hace a favor de los cuestionados contratistas del Runt.¿Será que podemos omitir ese pago a los vividores? Ojalá algún abogado decente tumbe ese recaudo.

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