La Justicia cojea…

El próximo 4 de diciembre se dará inicio al juicio en contra de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y el exsecretario general de la Presidencia de entonces, Alberto Velásquez.Los exfuncionarios de la administración de Álvaro Uribe Vélez fueron acusados por la Fiscalía por su presunta participación en ofrecimientos de dádivas a la excongresista Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño para que apoyaran la reelección del entonces presidente.Esta información contrasta con lo ocurrido en Brasil, donde el Tribunal Superior de Justicia tiene en el banquillo a 38 exaltos funcionarios del gobierno de Lula da Silva, varios de ellos exministros, de los cuales ha condenado a 25, entre los que se cuenta José Dirceu, el jefe de gabinete del popular expresidente brasileño. Y contrasta por la celeridad en la aplicación de la justicia en el hermano país, con los tiempos paquidérmicos de lo que sucede en Colombia, tratándose de casos similares.En ambas naciones se trató de una estrategia criminal implementada desde los gobierno para sobornar a parlamentarios y llevarlos a votar por iniciativas oficiales. En Brasil se hizo pagándoles en efectivo con cargo a fondos gubernamentales. En Colombia, a la manera torcida colombiana, canjeando los apoyos por cargos públicos para la clientela del parlamentario en cuestión. Aquí se involucró a la senadora Yidis Medina y al representante Teodolindo Avendaño, que aceptaron cambiar su voto la una y ausentarse de de la votación definitiva el otro, garantizando así las mayoría para la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe.Pero en Brasil las investigaciones se comenzaron en el 2011 y los fallos han empezado a producirse en el 2012, un año después, mientras en Colombia los hechos se sucedieron en el 2004, las investigaciones comenzaron en el 2008, y cuatro años después, apenas en el 2012, se iniciará el juicio. Así las cosas, quién sabe cuándo se producirán las condenas, si es que llega a haberlas.Y el caso colombiano tiene la ventaja de su claridad, pues se trató de un delito de cohecho y ya los involucrados, Yidis y Teodolindo, fueron condenados. Es bien sabido que en este tipo de delito existen dos partes igualmente culpables: los que reciben y los que dan. Si los sobornados ya fueron sentenciados, ¿por qué no lo han sido los sobornadores?Asuntos similares han sucedido en el pasado reciente, también en el gobierno de Uribe Vélez. Por ejemplo, la Justicia estadounidense investigó y condenó a Chiquita Brands, una compañía bananera del Urabá, al probar que habían pagado a los tenebrosos grupos paramilitares que operaban en la región. Cuando aquello sucedió, la reacción del Ministro del Interior de entonces fue perversamente colombiana: se burlo de la condena, que le pareció irrisoria, mientras en el país no se hacía nada contra las empresas bananeras nacionales que estaban involucradas en el mismo delito, según se supo en el juicio a Chiquita Brands. Peor aún: cuando finalmente se hizo una investigación contra Banadex y Banacol, el fiscal del caso las exoneró, considerando que los pagos a paramilitares habían sido fruto de la extorsión. ¿Terminará en una farsa similar el juicio contra los exaltos funcionarios del gobierno de Uribe?Es muy posible, en Colombia la Justicia no sólo cojea, sino que tarda demasiado y al final no llega.