Error crónico

Un Presidente democrático siempre estará del lado de las víctimas y no de los victimarios, así estos sean militares de alto rango. Debiera pedir garantías para las víctimas y no para los victimarios.Todo lo contrario de lo que hacen nuestro Presidente y el candidato presidencial que lo representa, quienes no tienen empacho en confundir el “cumplimiento del deber” con las violaciones a los derechos humanos. Peor incluso el Ministro del Interior, ese redomado clientelista paisa, quien no tuvo empacho en negar la existencia de desaparecidos en el caso de la retoma del Palacio de Justicia. A los familiares de las víctimas no sólo se les niega justicia, sino que, cuando ella por casualidad sucede, es desvirtuada de manera infame.Uribe es experto en defender victimarios. La lista comienza con Rito Alejo del Río, involucrado por varios testimonios con la masacre de Mapiripán -entre ellos el de Pedro Juan Moreno, fallecido en circunstancias misteriosas-. Sigue con Mauricio Santoyo, insigne ‘chuzador’ de la Policía en Medellín, a quien se nombró como jefe de seguridad en la casa de Nariño. Continúa con Jorge Noguera, quien puso el DAS al servicio del narcotráfico y fue premiado con el consulado de Milán, y Salvador Arana, asesino comprobado a quien se gratificó con la Embajada de Chile. Tampoco se puede olvidar al general Mario Montoya, acusado por Los Angeles Times de colaborar con los narcotraficantes y que, sin embargo, fue promovido como embajador en República Dominicana.Ahora le llegó el turno al coronel Plazas Vega, debidamente juzgado y condenado como responsable ‘mediato’ de desapariciones. Es decir de civiles inocentes, o culpables, da lo mismo, que han sido asesinados y sus cuerpos ocultados para que la Justicia no pueda actuar. Una condena que debía producir alegría en un presidente democrático, pero que Uribe es el primero en controvertir, llegando al extremo de equiparar las desapariciones con “cumplimiento del deber”. Qué poco sentido del honor militar y de la principal responsabilidad que la sociedad le ha otorgado a sus Fuerzas Armadas.Hay analistas que, además, confunden la responsabilidad ‘mediata’ con una especie de acusación general que involucraría a todas las Fuerzas Militares. Como se entiende, esa responsabilidad se refiere a quienes conocieron de aquellos crímenes y no hicieron nada por detenerlos, o los auparon, aún cuando no hayan sido actores materiales de la ignominia. Es como en el caso de la toma del Palacio de Justicia, hay unos responsables directos, que fueron los que asaltaron el Palacio a sangre y fuego, y hay unos mediatos, que fueron los que conocieron, o planearon, la toma terrorista, pero aquel delito no involucra a todos los militantes del M-19.Se trata de un desconocimiento básico del derecho, o peor, como lo creo, de un afán deliberado por confundir a la opinión, para que se vea la condena a Plazas Vega como una injusticia.Basta observar la reacción internacional para apreciar que la Justicia actuó con sentido democrático. Tanto las Naciones Unidas como las principales ONG de derechos humanos han coincidido en lo valerosa que es la actuación de la juez colombiana y han pedido garantías para su vida y la de su familia.No podía ser menos, porque se está actuando en Derecho. Esperemos que nada le pase. Aunque Uribe y Santos calumnien. ¿Qué dirá Angelino Garzón al respecto?