Destapes

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Octubre 18, 2010 - 12:00 a.m. Por: Germán Patiño

Poco a poco las verdades ocultas tras el mandato uribista comienzan a ser conocidas. Y son más terribles de lo que muchos críticos imaginaban.Hace poco el actual ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se vio obligado a apelar a la excepción de inconstitucionalidad para revocar 300 resoluciones del Incoder, por las cuales tierras arrebatadas a los campesinos por paramilitares, fueron entregadas a sus testaferros. Para Restrepo, los actuales dueños de estos predios “no son más que testaferros de los paramilitares que atemorizaron y sacaron despavoridos a los campesinos”. De acuerdo con él, los 300 casos están debidamente documentados.Incluso fue más allá, al afirmar que “Gentes (sic) muy cercanas al paramilitarismo infiltraron al Incoder”. Y cualquiera puede suponer que lo mismo sucedió en otras esferas del Estado, dada la clase de Presidente y Ministros del gobierno anterior. Informaciones de prensa nos dicen que “hubo cooptación de abogados y gentes cercanas al paramilitarismo que le pedían al Incoder que se asignaran las tierras a las fichas que ellos postulaban”.Y el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, tan jabonoso él, tan acomodado a todo horror, se vio forzado a aceptar que “La situación del Incoder se presentó en muchas regiones del país”, pues las propias cifras que maneja la CNRR sostienen que hay unas 2 millones de hectáreas que están en manos de testaferros.Desde luego, cualquiera comprende que una ilegalidad de estas dimensiones no puede cometerse sin conocimiento del jefe del Estado donde ella sucede. Sería increíble que Uribe no estuviera enterado de los tortuosos procedimientos expropiatorios de los campesinos, él, que aparte de querer saberlo todo, sin duda está bien enterado de las cosas que suceden en el campo colombiano. Tal vez por eso se oponga al proyecto de la ley de víctimas, pues sin duda los campesinos desplazados y despojados por el Incoder, son damnificados a causa de decisiones de agentes del Estado. No sólo se mata con fusiles, también con resoluciones como las que el ministro Restrepo revocó.Por otra parte hay que saludar la decisión del Ministro de Agricultura, que está dando muestras de su entereza a la hora de deshacer los torcidos que Uribe y ‘uribito’ armaron en su manejo del campo colombiano.Tampoco sobra recordar que éste es apenas el inicio de una cadena de averiguaciones sobre los atropellos contra el país cometidos por el gobierno saliente. Pues los nexos permitidos y alentados entre paramilitares y agentes del Estado, apenas si han tocado a los círculos más cercanos al poder. Pero falta develar todo el entramado de los departamentos y municipios, donde es de imaginar las más escandalosas confabulaciones. Baste recordar la carta de 10 mil empresarios, ganaderos y comerciantes de Antioquia donde afirman que apoyaron a fuerzas paramilitares cuando Álvaro Uribe era Gobernador.O los préstamos que Finagro le hizo a conocidos narcotraficantes. O cómo se colocaron fichas de paramilitares en la dirección del Das –remember Jorge Noguera-. O cómo se envió a la representación diplomática en el exterior a representantes de las firmas bananeras que financiaron a paracos en Urabá. O a asesinos como Salvador Arana, o acusados de nexos con el paramilitarismo como el exgeneral Mario Montoya.En fin, todo está por verse. Y con seguridad nos asustaremos.

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