Corrupción legal

Lamento que el señor Carlos Alberto Caicedo Douat no haya entendido mi columna de la semana pasada.Como cualquiera lo puede constar, allí no hay “comentarios malintencionados, calumniosos y mendaces”, porque en ninguna parte he sindicado a la Cámara Colombiana de Infraestructura -Capítulo de Suroccidente-, o a los miembros de su Junta Directiva, o a su Directora, de cometer actos ilegales, como tampoco de incurrir en prácticas corruptas.Simplemente manifesté un malestar recogido en la ciudadanía sobre el desarrollo de los contratos de obras públicas que, como lo prueban gran cantidad de documentos y hechos informados ampliamente, constituyen un foco de corrupción que afecta gravemente a los contribuyentes colombianos.Por fortuna, en esa apreciación estoy en buena compañía. Por ejemplo, Transparencia Internacional, en un importante escrito, afirma que “La ‘grand corruption’ obtiene sus fines ilícitos sin importar el marco legal aplicable, pues los interesados conocen mejor que las entidades contratantes las formas de 1) ser favorecidos con la adjudicación; 2) obtener el mayor provecho económico posible una vez suscrito el contrato, aún en desmedro de los intereses del contratante.”Ahora bien, entiendo que una cosa es la Cámara Colombiano de Infraestructura y otra las empresas de contratistas de obras públicas. Pero sé que una y otras están interesadas en el mismo tema: las obras de infraestructura. Los unos para promover la modernización del país y los otros para lucrarse con los contratos para su construcción. Y aclaro que el afán de lucro no es una ilegalidad, sino un objetivo inherente a toda actividad privada.El problema, como lo señaló el Procurador General en Cartagena, refiriéndose a los contratistas de obras públicas, es que “en el sector privado hay tanta corrupción como en el sector público”. Y resumió el asunto diciendo que “los síntomas del inadecuado funcionamiento de la actividad contractual de la Administración Pública son, entre otros, la conformación de carteles de la contratación, los retrasos de los proyectos en diferentes sectores productivos del país, los sobrecostos y la pérdida de cuantiosos recursos del Estado. Pero más allá de estos indicios, se encuentran las verdaderas dificultades, como las costumbres arraigadas de la dádiva y el regalo para obtener favores del Estado, el aislamiento geográfico, las carencias económicas, el conflicto armado, etc”.Así que “conformación de carteles”, “retrasos en los proyectos”, “sobrecostos”, “dádivas”, “regalos para obtener favores”, aprovechamiento de “carencias económicas”, etc., que llevan a “la pérdida de cuantiosos recursos del Estado” son un listado de actividades en que incurren las empresas de contratistas de obras públicas, que afectan gravemente el desarrollo de la infraestructura en Colombia, sobre los cuales la CCI nada dice. No se trata de “discrepancias técnicas, que pueden ser discutidas de manera civilizada”, como afirma Carlos Alberto Caicedo D.Lo peor es que la mayoría de estas actividades corruptas se realizan de manera legal, como lo afirma Transparencia Internacional, por lo que la justicia no puede actuar con prontitud. Nos toca a los columnistas denunciarlas. Y eso es lo civilizado. Callarlo sería barbarie. Sería quedar en manos de los primos Nule.