Qué pena

Febrero 19, 2015 - 12:00 a.m. Por: Gerardo Quintero

Asesinatos como los de los cuatro niños en el Caquetá reavivan el debate sobre la necesidad de impulsar la cadena perpetua en Colombia contra quienes cometen crímenes execrables contra los menores de edad. La fallecida congresista Gilma Jiménez fue una abanderada de esta causa, que sin embargo nunca contó con el apoyo de sus colegas. Ahora, nuevamente, se abre el debate y surgen muchas inquietudes.La máxima pena contemplada en Colombia son 60 años, lo que en buena medida equivale prácticamente a una cadena perpetua. Sin embargo, en este país parece que a nadie condenan a esa pena máxima porque entonces cómo se entiende que un tipo que en el 2004 fue hallado culpable de secuestrar, violar y matar a una mujer sea condenado a 40 años de cárcel (este crimen no calificaba para 60 años), pero nuestro ‘brillante’ sistema de justicia le permita salir a los diez años de pena cumplida.Me refiero a nadie menos que Cristopher Chávez Cuéllar, alias El desalmado, el asesino de los cuatro hermanos en el Caquetá. Entonces uno se pregunta para qué aumentar las penas o hacer un gran debate sobre la cadena perpetua, si a asesinos como Chávez los van a dejar libres en unos cuantos años. Nuestra Justicia es demasiado laxa. En Colombia al tiempo que se discuten los aumentos de penas carcelarias se abren las puertas de las cárceles porque es necesario descongestionarlas. Son los contrasentidos que no se entienden en este país.No sé cuál será la historia de Chávez para justificar lo que ha hecho ni me importa, lo único que percibo en todo esto es que ‘el desalmado’ hizo un terrible honor a su apelativo. Seguramente esos pocos años en la cárcel le permitieron afianzar mejor sus conocimientos delictivos, porque eso sí para qué, pero los penales de este país son una perfecta universidad del crimen. Aquí a los delincuentes no les da vergüenza cuando los capturan, se ríen cuando la policía les toma las fotos para las reseñas. Saben que disfrutarán de comida, dormida y aprendizaje delincuencial durante unos pocos meses y saldrán mucho más ‘respetados’ a azotar las calles. Entonces al final el problema de este país no es el aumento de penas, porque esto ya existe, es la laxitud y debilidad de un sistema corrompido. Un país en el que por lo menos 350 municipios no tienen presencia de jueces, en el que existe un 98% de impunidad en delitos de tipo sexual y en el que la probabilidad de condena por la comisión de un delito no supera el 20%, no es viable jurídicamente. Un desalmado demostró, con su repetida acción criminal, lo que intuíamos desde hace mucho tiempo, que la justicia colombiana no infunde ni respeto ni temor.

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